León y las fotovoltáicas

La proliferación de proyectos fotovoltáicos, sumada al déficit de generación eléctrica en la UE están incubando un problema grave para León. Si los parques eólicos debieran ser prohibidos en montañas y áreas naturales, por su gigantesco impacto visual y ambiental, los fotovoltáicos tendrían que limitarse por aplicación normativa estricta. Aún así, quedarían miles de hectáreas disponibles.

Los grandes parques fotovoltáicos no pueden autorizarse en tierras receptoras de inversión pública para su mejora, siguiendo estrictamente la ley. Eso elimina los regadíos y zonas de concentración parcelaria. ¿Para qué invertir fondos públicos en la mejora agrícola privada si luego el propietario lo dedica a otra cosa? No es permisible el uso libre de un terreno subvencionado para fines ajenos a los que causaron la subvención, salvo que devuelvan ésta. Tampoco caben huertos fotovoltáicos en zonas con valor natural. Además, en otros lugares deberían fragmentarse en campos de tamaño menor para reducir el daño visual y medioambiental.

Son adecuados para las fotovoltáicas los tejados, los polígonos y ruinas industriales (como los cielos abiertos abandonados) y los secanos más improductivos y de escaso valor biológico. Sumadas las hectáreas de estas áreas preferentes, encontraremos miles de hectáreas, que deberían estar ya catalogadas. Sin embargo, esos criterios no son los más rentables para las compañías que explotan los parques.

Para las empresas lo importante es la rentabilidad. Por eso buscan parques gigantescos, concentrados, sin limitaciones normativas. Además, pagan lo mínimo por la propiedad del suelo o por su alquiler. Como árbitro entre ambas partes: el interés público y el interés empresarial, se encuentra la administración pública. En el caso de León se trata de la Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León se pasó de ‘tolerante’: envuelta en casos de corrupción por conceder permisos a cambio de compensaciones que implican a políticos y a técnicos, concesiones fuera de la ley. Dada la escasa fiabilidad que inspira la institución, deben ser partidos y ciudadanos quienes tomen posturas claras al respecto.

Dice la ley del suelo autonómica en su artículo 9: «el uso del suelo (…) deberá adaptarse a las características naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen (…) las siguientes normas de aplicación directa:

b) En áreas de manifiesto valor natural o cultural (…) no se permitirá que instalaciones de nueva planta degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo». La ley no se está cumpliendo. Debemos actuar, pues se compromete el futuro natural y agrícola.