León y la falsa descentralización

La España autonómica trajo el periodo de mayor prosperidad de España en los últimos dos siglos. La descentralización es un elemento central en la generación de riqueza del País. La creación de 17 centros autonómicos permitió la multiplicación de oportunidades para promover la competencia. La proliferación de universidades, de servicios hospitalarios, de autovías, de fibra óptica o de aeropuertos generó numerosas externalidades positivas. Son beneficios que no computan en una institución concreta, pero que generan crecimientos en su entorno.

El proceso de diseminación del gasto público cobra sentido cuando las economías estatales superan un cierto volumen que España desbordó hace mucho. Por debajo de esos límites, la lógica económica obliga a concentrar recursos para que existan beneficios. Por ejemplo, la dispersión de los pocos recursos públicos en un país muy pobre es un error, pues por debajo de una intensidad de capital no existe crecimiento.

Bajo la óptica de un país sobradamente capitalizado y parcialmente descentralizado, surge un tercer fundamento que permite la descentralización en un grado superior: la digitalización. Internet elimina la necesidad de centralizar las instituciones, pues no es necesaria la proximidad física para coordinar la acción de gobierno. Las autonomías llegaron a España cuando aún no era un país digitalizado. Hoy lo es, por lo que han de cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, un efecto debería ser la derogación de la Ley de Sedes de Castilla y León, que las centraliza en Valladolid.

La estructura estatal española asigna la mayor parte de los recursos públicos a las autonomías: casi un 60 % del total, excluida la Seguridad Social, que gestiona las pensiones. Es casi el doble de lo que maneja el Gobierno Central. Por esta causa, la segregación autonómica de León es una palanca descentralizadora que facilitará el desarrollo de España. Igualmente, la descentralización de consejerías en las autonomías multiprovinciales es un principio de justicia económica, pues las instituciones públicas redistribuyen el gasto gracias a los empleados públicos y las instalaciones en que trabajan. Las inversiones suponen una partida cuantitativamente marginal.

En definitiva, decisiones como la de ubicar en Sevilla la Agencia Espacial Española, siendo sede autonómica, es cualquier cosa menos descentralizadora. Son las 33 provincias sin sedes autonómicas las legítimas receptoras en ese proceso descentralizador. Por el contrario, para León y para cualquiera de esas otras provincias es un engaño asignar cualquier nueva institución en alguna de las 19 provincias con sedes territoriales.