León y el gasto público

El gasto público es un recurso central para redistribuir la riqueza; redistribución necesaria para evitar que nadie quede en situación de absoluta marginalidad económica. Además, posibilita que todos los territorios tengan un nivel de vida equilibrado. Esta igualación se justifica porque vivimos en un compartimento económico común. Una empresa de Madrid puede vender libremente en León. Si de los beneficios y tributos generados por ella no retornase nada a los lugares donde vendió, los territorios cerrarían sus fronteras propiciando la autarquía. Desde el punto de vista económico sería un desastre general.

El gasto público español equivale a un 40 % del PIB, similar al del resto de Europa. Es una cifra enorme, sin la cual los territorios no podrían progresar, si quedasen excluidos. Algo más de un tercio se destina a las pensiones. Las comunidades autónomas gestionan casi la misma cantidad. El Gobierno Central, las diputaciones y los ayuntamientos se reparten lo que queda. Como el gasto en pensiones es finalista (para pensionistas concretos), la institución que más dinero administra es la autonómica.

La administración pública redistribuye la riqueza a través dos vías: una pequeña, que son las inversiones, y otra mucho más grande, que es el personal, las instalaciones donde trabaja y sus gastos. La concentración de esos empleados contribuye al desequilibrio territorial marcadamente. La centralización carece de sentido en un mundo digital. Los procesos de agrupación de personal público en un núcleo se deben a decisiones políticas que pervierten el espíritu de lo público.

Por ejemplo, que la provincia de León tenga 16.100 empleados autonómicos (16,5%, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 2021), mientras Valladolid agrupa el 23,3 % (22.600) es un desequilibrio autonómico injustificable. León representa el 19 % de la población autonómica, lo que significa que sus recursos pagan unos 2.500 empleos directos en Valladolid. Eso se traduce en que las tiendas pucelanas se benefician de las compras de esos empleados, así como los colegios, que reciben a sus hijos, las constructoras que venden y alquilan los pisos, etc.

Por esa razón, uno de los axiomas de la Autonomía Leonesa digitalizada, que preconiza Iniciativa Autonómica Leonesa, es la división del territorio en distritos, donde se distribuirían las consejerías, los recursos económicos y la representación electoral. Es una forma moderna de repeler el centralismo y de huir, desde el modelo fallido de Castilla y León, hacia una administración equilibrada y digitalizada, sin capitalidad.