El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León mostraba este jueves su preocupación por la siniestralidad en la provincia, fijándose especialmente en los fallecidos en lo que va de año. Entre enero y julio de 2022 han muerto mientras desarrollaban su trabajo un total de cuatro personas en la provincia, el doble que el año pasado en el mismo periodo. A esta cifra hay que sumar, además, otro deceso en un accidente ‘in itinere’, como se denomina a los siniestros producidos en los trayectos de ida y vuelta al lugar de empleo.
En total, cinco muertes que han hecho saltar las alarmas del sindicato porque «la tolerancia tiene que ser cero», advierte Elena Martínez, secretaria de salud laboral y políticas de sanidad de CCOO en León.
Durante el pasado mes de julio, último periodo con datos oficiales de siniestralidad laboral, se registraron en la provincia un total de 274 accidentes en el trabajo, de los que 267 fueron calificados como leves, seis se registraron como graves y uno fue mortal.
Con ellos, en los siete primeros meses de este año se han registrado 2.201 accidentes laborales, lo que deja una media de más de diez diarios. Pese a ello, esta cifra global sí muestra un descenso del 4,10 por ciento respecto al mismo periodo del pasado 2021. Por sectores, cabe destacar que se incrementan los siniestros relacionados con la construcción, 38 más que el año pasado, y los registrados en la industria, 16 más. Por su parte, fueron 116 menos en el sector servicios y 20 menos en el agrario. Además, aumentaron los accidentes ‘in itinere’ que ocasionaron bajas laborales hasta julio de este año, siete más que en los mismos meses del ejercicio anterior.
Por otro lado, se han declarado cuatro enfermedades profesionales menos con baja que en 2021, hasta un total de 48.
Desde CCOO insistían este jueves a través de un comunicado en que es «imprescindible» que se cumpla «escrupulosamente» la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, «cada uno en el ámbito de sus competencias para poner fin a esta lacra». Además, hacen un llamamiento a la «responsabilidad» de los empresarios, así como a «la necesaria vigilancia de la autoridad laboral y al incremento de la formación e información a los trabajadores y las trabajadoras sobre la prevención de riesgos con el objetivo de que acabe esta ola de muertes en el trabajo».
En este sentido, exigen a la Junta la continuidad de los programas de prevención y solicitan a la Inspección de Trabajo que «impulse programas dedicados a reducir el riesgo en las empresas».