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León, la Junta y los montes

21/07/2022
 Actualizado a 21/07/2022
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Los montes de la Región Leonesa se queman masivamente. Los de Castilla en mucha menor medida. Las responsabilidades de la prevención y de la gestión son de la Junta de Castilla y León. De esa evidencia se deduce que, o bien dedican menos recursos a la prevención de incendios en la Región Leonesa, o bien la gestión está hecha a la medida de Castilla, pero no a la de León. La conclusión: la naturaleza y economía de la Región Leonesa están perjudicadas.

La Ley de Montes de Castilla y León se redactó con criterio de «adaptarse a todos», como explicaron en su día. Los resultados indican que se ajusta más a una región que a la otra. La cantidad de monte, y las formas de gestión y propiedad tradicionales leonesas son diferentes a las castellanas; requieren una ley de montes diferente.

La pervivencia de la organización comunal en León a través de las 1226 juntas vecinales (censo electoral INE), que suponen el 36% de entidades de este tipo en España, condiciona la gestión de los montes. La mayor parte de ellos se hallan en propiedades comunales, fincas que ocupan más del 40% de la superficie provincial.

Este suelo y sus montes fueron gestionados durante siglos por sus dueños: los concejos, constituidos por los vecinos de los pueblos. Nunca se produjeron incendios tan catastróficos como los propiciados ahora por la consejería del ramo. Los habitantes de los pueblos estaban directamente implicados en el mantenimiento de sus montes.

La imposición de la Ley de Montes por la Junta para la gestión de este bien comunal alejó a los vecinos del cuidado de este recurso tan preciado. La apropiación autonómica de competencias vecinales impidió la fijación de población autóctona, que hubiese mantenido las entresacas y el pastoreo, necesarias para la gestión del monte.

Aunque la situación en Zamora y en Salamanca no es idéntica, tiene similar origen. Los concejos, que se negaron hace casi dos siglos a asumir la institución municipal en León, en las otras provincias recogieron la nueva figura institucional. Por eso se habla de comunales o de hacenderas en ayuntamientos de Zamora o Salamanca. Sin embargo, la separación entre los intereses de los vecinos y sus montes se reprodujo por esta Ley de Montes.

Llegaron las consecuencias: el incendio de espacios naturales y la destrucción económica por inadecuación de la norma autonómica y por nombrar incompetentes en la gestión. La Autonomía Leonesa terminaría con el abandono que sufren nuestros comunales, los montes entre ellos, adaptándose a las juntas vecinales. Como la norma se hizo para Castilla, los perjuicios de esta autonomía fallida ponen a León en llamas.
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