En concreto, destaca a las personas mayores que viven en zonas rurales, a aquellos que tienen que viajar hasta siete kilómetros para el punto de efectivo más cercano y a los municipios de menos de 2.000 habitantes. Las provincias más afectadas se encuentran en la comunidad autónoma de Castilla y León y, en concreto, en León, Salamanca y Zamora.
El Banco de España considera por otro lado que el uso transaccional del efectivo aumentará debido a la inflación, al mismo tiempo que cae su utilización como refugio de valor ante la subida de tipos de interés, según ha señalado la directora general adjunta de conducta financiera y billetes, Helena Tejero, en el evento ‘The future of cash’.
Pese al auge de otros medios de pago como las tarjetas, el efectivo sigue siendo el más común, según ha señalado Tejero. Además, el nivel de turistas que ha recibido España en los últimos meses podría haber elevado el número de pagos en efectivo en el país.
El año pasado existían en España 1,4 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes, por encima de la media de la Eurozona. No obstante, el 3 por ciento de los ciudadanos están en una situación de vulnerabilidad alta o muy alta en términos de acceso al dinero en efectivo.
Como canales alternativos de efectivo, el organismo destaca los acuerdos con Correos, el ‘cashback’ y el ‘cash in shop’ y los agentes financieros, además de la importancia del protocolo bancario para la inclusión financiera de los mayores.
En este sentido, la Diputación de León y Correos firmaron el pasado mes de marzo un convenio para que 160 carteros de la provincia empezasen a prestar servicios financieros en el entorno rural. Los usuarios abonarán las comisiones correspondientes, similares a las de las entidades bancarias y pueden acceder a distintas operaciones que se ofertan acudiendo a la oficina de Correos o pidiéndolo al cartero cuando acuda a su domicilio o le vea por la calle.
Lo que hasta el momento no parece haber cuajado es el plan de instalar cajeros en las localidades que se han quedado sin oficinas bancarias anunciado por la institución provincial y para el que se contaría con los ayuntamientos, quienes tendrían que ceder un espacio para su instalación y en los que revertiría la propia comisión.
Caída libre
El ‘desierto’ financiero castiga cada vez más al medio rural leonés. El número de oficinas bancarias ha descendido en la provincia un 40 por ciento en el último lustro y se ha cebado especialmente con los pueblos. Si en 2016 eran 403 las que permanecían abiertas, el año pasado finalizó con 297, según los datos del Consejo Económico y Social de Castilla y León.
El CES de Castilla y León ya ha denunciado que el cierre de oficinas agrava la situación de muchos pueblos que disponen cada día de menos servicios básicos y, que además, cuentan con una población envejecida y en general, con pocas competencias digitales con las que afrontar las nuevas exigencias que se les quieren imponer, además de escasa cobertura digital.