León emite el 24% de las quejas al Procurador del Común en 2018

La provincia vuelve al primer puesto –el año pasado lo ocupó Zamora– respecto a reclamaciones presentadas ante la institución, con 474

R. Álvarez
30/10/2018
 Actualizado a 10/09/2019
Imagen de archivo de la sede del Procurador del Común de Castilla y León. | MAURICIO PEÑA
Imagen de archivo de la sede del Procurador del Común de Castilla y León. | MAURICIO PEÑA
Queda margen todavía para cerrar el ejercicio, pero las cifras que maneja el Procurador del Común a día de hoy reflejan un ritmo, una actividad, similar a la de años previos. Ahora que ha habido un relevo al frente de la institución –el miércoles Tomás Quintana tomó posesión del cargo en sustitución de Javier Amoedo– es un buen momento para hacer recuento, para repasar unos datos que cierran un ciclo que arrancó 13 años atrás. Un periodo durante el que se recibieron más de 38.250 quejas, se iniciaron 585 actuaciones de oficio y se emitieron 13.421 resoluciones.

Por áreas vuelve a destacar la función pública como la que más quejas recibe (35 por ciento), seguida del régimen jurídico de las corporaciones locales, bienes y servicios municipales Si miramos a 2018, en lo que va de año la institución ha recibido un total de 2.010 quejas por parte de los ciudadanos de la comunidad y ha interpuesto otras 74 de oficio. De esta cifra global, las procedentes de los ciudadanos leoneses representan casi el 24 por ciento (son 474 en total), lo que coloca a León de nuevo en el primer puesto –el año pasado Zamora le tomó la delantera– destacándose como la provincia más activa, la que más acude al Procurador del Común a presentar reclamaciones. Su cercanía –la sede de la institución está en la capital leonesa– ha hecho que durante años la diferencia de las quejas llegadas de León respecto a las de otras provincias fuera notable. Palencia sigue a León en este ranking provisional de 2018, con 307 quejas, y después se sitúan Valladolid, con 274; Burgos, con 229 y Salamanca, con 166. Por su parte, Ávila, Segovia y Soria presentan cifras más discretas, todas ellas por debajo de las tres cifras (96, 90 y 72 respectivamente). Por áreas vuelve a destacar la función pública como la que más quejas recibe (35 por ciento), seguida del régimen jurídico de las corporaciones locales, bienes y servicios municipales.

Destacan también las reclamaciones respecto a la transparencia, ya que a sus a labores se sumó años atrás la de velar por el cumplimiento y aplicación de la Ley de Transparencia por parte de las administraciones de Castilla y León. En 2016 se hizo el primer balance anual, con 101; 2017 se cerró con 202; y en 2018 –cuando faltan todavía dos meses para cerrar el año– van ya 236.

Actuaciones destacadas


Javier Amoedo despide 13 años al frente del Procurador del Común que no sólo se ciñen a cifras, su trabajo al frente de la institución se ha traducido en un buen número de actuaciones destacadas entre las que se puede citar la modificación de la norma de la Renta Garantizada de Ciudadanía gracias a las aportaciones realizadas por el Procurador, la modificación también de las bases de la norma para el acceso a la vivienda de alquiler o la escolarización de niños prematuros. Ante la inexistencia de una normativa específica para dar respuesta a la escolarización de estos niños, se recomendó que se lleven a cabo los ajustes normativos oportunos para dar respuesta a esto.

También se han llevado a cabo en este tiempo diferentes informes especiales referentes a parques infantiles; a las zonas de baño naturales; al derecho humano al abastecimiento de agua potable con medidas dirigidas a su salvaguarda; a urgencias hospitalarias en el sistema nacional de salud y derechos y garantías de los pacientes; a la recogida de residuos urbanos, con ubicación de contenedores y criterios; a la situación de los puntos de encuentro familiar; a los bienes y los aprovechamientos comunales o a la evolución de la aplicación en la comunidad de la Ley de Dependencia. También se trataron otros temas como la seguridad en las zonas deportivas municipales, los menores víctimas de la violencia de género, el alcohol y los menores, la situación del autismo, las estaciones de transporte de viajeros o la enfermedad celíaca.
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