Las prisas son malas consejeras

Desde hoy todos los trabajadores de la provincia de León tendrían que fichar al entrar y salir de sus puestos de trabajo. Así se establece a priori en el Real Decreto-ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Entre otras medidas, esta regulación establecía un plazo de dos meses para que todas las empresas utilicen un sistema de control de la jornada laboral realizada por sus trabajadores. Sin embargo, pese a que la norma ya ha entrado en vigor, son muchas las empresas que no han podido adaptarse a su contenido y alegan falta de tiempo y muchas dudas sobre la forma de cumplirla. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo distribuirá a partir de hoy una guía práctica y ha anunciado un periodo de gracia en el que la inspección se centrará sólo en comprobar si se está trabajando para poder cumplir la normativa. Los objetivos de esta medida, aprobada por el Gobierno el 8 de marzo en el marco de los ‘viernes sociales’ impulsados desde el Consejo de Ministros en la antesala de las elecciones generales, pasan fundamentalmente por acabar con las horas extra que no se pagan a los trabajadores y con el fraude que suponen para las arcas públicas, además de acabar con la falta de control que existe sobre el absentismo laboral. Sin embargo, las prisas a la hora de aprobar medidas en vísperas de las elecciones han derivado en dudas sobre cómo hay que implementar ese control horario y sobre cómo se va a aplicar a aquellos que no trabajan en una oficina.