Las pedanías de Pinos: "Ya ha pasado el momento de estudiar el conflicto, hay que tomar decisiones"

Los perjudicados por la situación en el puerto recuerdan que es un conflicto competencial que atañe directamente a la Junta de Castilla y León

Estefanía Niño
20/05/2022
 Actualizado a 20/05/2022
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El portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico siguen estudiando la vía expropiatoria como forma de salida al conflicto abierto entre los ganaderos de la comarca leonesa de Babia y el Ayuntamiento de Mieres (Asturias) por los pastos del puerto de Pinos, situado en la provincia leonesa, si bien recordó que «el derecho a la propiedad está reconocido constitucionalmente».

Ante estas declaraciones, las Juntas Vecinales de Babia, la Asociación Montaña de Babia y Luna y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores han destacado en un comunicado que «los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León llevan desde 2006 estudiando el conflicto de Pinos y lo único que han conseguido es perder los juicios que contra ella y el Ayuntamiento de San Emiliano han tenido los pueblos de Babia por dar licencias ilegales a Mieres». Por ello, recomiendan a los servicios jurídicos que se lean cuanto antes las sentencias que afirman que Mieres no puede ejercer competencias en León y, aplicándoles, concluirán que la Junta tiene la obligación de adoptar decisiones urgentes.

Por otro lado, señalan que en la Junta «no se han dado cuenta de que el conflicto no es entre ‘unos habitantes’ de esta comunidad y un ayuntamiento asturiano. El conflicto es entre un Ayuntamiento asturiano y la Junta de Castilla y León; pues el ayuntamiento se arroga las competencias ganaderas y desconoce los derechos de cuatro administraciones públicas de León, cuatro entes locales menores de Babia. Y la perjudicada es la ganadería y la economía de León».

Entienden que se trata de un grave conflicto competencial que atañe directamente -y sobre todo- a la Junta de Castilla y León, «que lleva décadas mirando a otro lado».

Volviendo a las declaraciones del portavoz, matizan que «la Constitución Española reconoce la propiedad, pero se le olvida al Portavoz del Gobierno que lo que reconoce el artículo 33 de la Constitución es el derecho a la propiedad privada y a la herencia, no a la propiedad pública». Así, apuntan que ya que Mieres compró en 1926 el Puerto de Pinos, se le deberá indemnizar, pero con el valor que tiene una propiedad de una administración pública que no puede ejercer competencias ganaderas en la misma y además gravada con derechos de cuatro pueblos, que impide que puedan introducir más ganado.

Finalmente indican que ya ha pasado el momento de estudiar el conflicto, es momento de tomar decisiones. «Los pueblos de Babia exigen una solución antes del 1 de junio, si no se adopta acudirán de nuevo a los tribunales con la absoluta confianza de que volverán a darles la razón».
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