Cuatro son las diputaciones que plantean cambios en las cuentas, en muchos casos tirando de remanentes de créditos de ejercicios anteriores. Es el caso de la institución provincial vallisoletana, que aprobó destinar 857.000 euros a hacer frente al incremento de la factura eléctrica en los diferentes centros. Una medida que tomó el 21 de febrero, antes de empezar la invasión rusa, con lo que fuentes de la institución explicaron a Ical que no se descartan nuevas medidas al haber cambiado aún más el contexto general en el último mes.
También lo hará la Diputación de Segovia, que ya cuenta con ampliar, a mediados de año, las partidas presupuestarias destinadas a suministros energéticos, con la incorporación de “créditos o suplementos de créditos”, según explicó su presidente, Miguel Ángel de Vicente, que remarcó que, en todo momento, estará garantizado el gas y la luz en sus centros de trabajo y centros residenciales. La institución tiene un contrato con Naturgy y, en los próximos meses, finaliza, con lo que los técnicos de la institución analizan ya los diferentes escenarios que marca la subida de precios de la energía.
En la provincia de León, la Diputación afronta el incremento del coste de los suministros con “previsión”, de manera que en el caso de aquellos contratos que todavía están vigentes, como es el caso del gas ciudad, el precio se mantiene en los términos contratados. En otros, como el de la electricidad, que entrarán en próximas fechas en fase de prórroga, se han realizado estimaciones del incremento de los costes y se han consignado en las cuentas de la institución provincial 500.000 euros a mayores. Finalmente, en aquellos gastos como pueden ser los derivados de los vehículos, se adaptarán las partidas a la realidad conforme sea necesario.
Igualmente, la Diputación de Soria aumentará la consignación para este sobrecoste que supone el aumento de la energía para la sección de vías y obras. Es decir, habilitará una partida específica para el gasóleo, pero no ha especificado.
Además de estas cuatro diputaciones, otros tres grandes ayuntamientos también requieren acometer incrementos de partidas. Se trata de los consistorios de Salamanca, León y Ávila. El primero de ellos prevé destinar parte del superávit obtenido al cierre del ejercicio 2021, que ascendió a 11,1 millones de euros, a paliar este sobrecoste, o bien a atender nuevas necesidades sociales. Sin embargo, aún no hay consignada ninguna partida específica, puesto que el incremento está sin cuantificar. El Consistorio comunicó a Ical que la contratación del suministro eléctrico a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, antes de producirse el alza de precios, evitó un sobrecoste de 197.211,6 euros. Así, en el mes de julio, anticipándose al fin de los 102 contratos de suministro eléctrico de más de diez kilovatios para dependencias municipales, que terminaban en noviembre, se inició la contratación de electricidad con energía cien por cien procedente de fuentes renovables.
Por su parte, el Ayuntamiento leonés determinó una partida de aproximadamente un millón de euros por este acrecentamiento, particularmente de los precios de gas y gasóleo, mientras que el sistema de alumbrado público está sujeto a un contrato que podría verse sometido a alguna revisión.
El Consistorio abulense aumenta en más de un millón de euros la provisión de fondos para afrontar estos excesos. Fuentes municipales recuerdan que si en el año 2021 la factura de la luz superó los 600.000 euros, para 2022 se ha aumentado la partida a más de 1,2 millones. En el caso del gasto de gas se presupuestó en 609.000 euros, mientas que en 2021 ascendió a 255.000. El menor incremento se produce en el caso de los carburantes, que pasan de los 248.000 a los 269.500 euros. Con todo ello, el aumento de 2022 para suministros es de más de 900.000 euros, a los que se debe sumar la generación de otros 395.000 euros procedentes de remanentes para hacer frente al gasto en suministros.
Tarifas cerradas o previsores
Por lo que respecta al resto de las principales entidades locales de la comunidad, o bien cuentan con tarifas cerradas o presumen de haber sido previsores e incorporar en las cuentas anuales recursos y margen suficiente para afrontarlo. Es el caso del Ayuntamiento de Burgos, que no tiene previsto consignar nuevas partidas, al igual que la Diputación, cuyo suministro de energía eléctrica ya está adjudicado a una empresa con contrato en vigor desde abril de 2021 y tiene una duración de dos años, prorrogables por otros tantos. Además, para el gas natural a instalaciones y equipamientos de la institución, en la actualidad se encuentra en fase de elaboración de nuevos pliegos para licitarlo de nuevo. “Los precios a facturar son regulados y, por tanto, sometidos a los vaivenes del mercado”, según informaron fuentes de la institución.
Otros consistorios se encuentran adheridos a la plataforma de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias para el alumbrado y las instalaciones públicas, como el Ayuntamiento de Segovia, que obtuvo “un precio tan competitivo que supuso un ahorro de casi un 30 por ciento” en el gasto de la energía, situación que se mantiene. “Por lo tanto, de momento y mientras no haya instrucciones de estancias superiores, seguiremos en está línea”, subrayaron desde el Gabinete de Alcaldía.
El concejal de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, expuso a Ical que no “hay previsión de aprobar modificaciones porque los presupuestos ya cuentan con recursos generosos y margen suficiente”. Con la electricidad, además, figura un contrato centralizado y con “precios máximos, cerrados con Iberdrola”, aunque también hay algún lote con cooperativas pequeñas. En combustible y gas tampoco se estima conveniente. “Puede que haya un aumento en el gasto, pero está recogido ya en el presupuesto. Incluso hay previsión de menos gasto por cuestiones de ahorro energético y uso más eficiente”, subraya Herrero.
Lo mismo ocurre en la Diputación de Salamanca, que sin embargo reconoce que durante esta legislatura se ha implementado un plan para fomentar el ahorro energético en los inmuebles de titularidad provincial. Mientras, el Ayuntamiento de Soria estudia cómo pueden afectar estos sobrecostes, pero inicialmente el suministro, como por ejemplo el de calefacción, dispone de un contrato cerrado de tarifa plana. En cuanto al alumbrado, hasta el momento ninguna empresa ha pedido modificados por la subida de precios.
Por último, el Consistorio palentino asegura que siempre tienen en cuenta la posible subida anual de la energía en los presupuestos; mientras que la Diputación no prevé hacerlo de momento. Aún lo desconoce la institución provincial abulense, que “en este momento está haciendo el cálculo de a cuánto puede ascender el aumento de los costes” y analizando qué mecanismo se articulará para asumirlo.