Laguna Dalga saca a subasta una casa municipal en la que vive una edil de UPL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) emitió este martes un comunicado de prensa en el que hace pública la denuncia de su concejal en el municipio de Laguna Dalga. Con él han querido denunciar que el alcalde de la localidad, Eloy Báilez, ha firmado un decreto de Alcaldía mediante el cual pone fin a un contrato de arrendamiento de una vivienda municipal aneja a la Casa Consistorial y que es conocida por todos los vecinos como ‘La casa del secretario’. Se da la coincidencia de que en ella habita una familia con dos niños, según los leonesistas, en la que la madre es concejal de la UPL en este Ayuntamiento.

«Desde la UPL consideramos que se trata de una represalia política», afirmó el portavoz del grupo municipal de los leonesistas en el citado Ayuntamiento, Fermín Ferrero, quien además destacó en su escrito que el Consistorio dejará de percibir por este arrendamiento 1.442 euros. Calificó la decisión como «injusta» pero por su parte Báilez, alcalde de la localidad bajo las siglas del Partido Popular, esgrime que ha sido tomada precisamente por lo contrario. Así lo ha hecho saber también a través de un escrito a raíz de la denuncia de la UPL.

«Simplemente se ha hecho una revisión del contrato y como todo el mundo sabe, cuando un contrato esta caducado, sea del Ayuntamiento o de la Junta Vecinal, el bien hay que sacarlo a subasta pública, para que todos puedan optar a dicho bien. Al igual que la Junta Vecinal se ha encargado de revisar los contratos de sus bienes», expresó el Ayuntamiento por escrito. Este ha informado que sacará a subasta pública la vivienda «para que todos los vecinos empadronados tengan el mismo derecho a acceder a su uso».
«El equipo de gobierno desde el día que ganamos las elecciones nos debemos al Ayuntamiento de Laguna Dalga, velando por sus derechos y obligaciones, y uno de esos derechos es que cualquier empadronado pueda optar a vivir en la casa municipal», sostuvieron los ‘populares’ de Laguna Dalga. Estos han informado que la adjudicación del arrendamiento se remonta al año 2005, cuando tomaron la decisión en sesión plenaria, siendo esta prorrogada anualmente. Pero no convence la decisión tomada por Báilez y su equipo a los leonesistas que afirmaron que «desde el momento en que no existe justificación para la finalización del contrato, desde UPL reclamamos que se revierta esta situación, o bien que la decisión para la finalización del contrato, se tome mediante sesión plenaria». «No consideramos de recibo que sea una decisión unilateral del alcalde, pues debería ser la corporación en pleno quien tome esta decisión injusta que dejará en la calle a una familia con hijos pequeños», incidió el edil leonesista Ferrero.

Por toda esta decisión, los concejales de la UPL anunciaron este martes que tomarán «todas las medidas legales posibles para evitar este desahucio encubierto e injustificado que solo tiene una motivación política», un hecho que desde el otro extremo ha sido desmentido por el alcalde que reitera la necesidad de cumplir con el contrato, expirado «desde hace años». Por ello, y a través de un escrito oficial, el Ayuntamiento ha informado a los arrendadores que deben desalojar la vivienda en febrero de 2020.