La ULE ve intolerables las acusaciones de UGT sobre presiones y falta de transparencia

La sección sindical de UGT en la Universidad de León (ULE) aseguró este martes estar sufriendo «persecuciones y presiones» por parte del equipo de Gobierno del centro. Una situación que tildó de «insólita» y que creía «erradicada» en estos tiempos pero que, sin embargo, aseguró que está complicando el día a día los trabajadores afiliados al sindicato. Unas afirmaciones que fueron contestadas por el equipo de Gobierno de la Universidad de León, que a través de un comunicado de prensa defendió su labor, advirtiendo que el sindicato ha incurrido con sus declaraciones en un «conjunto de falacias y difamaciones», y por ello, se reserva «el derecho a emprender acciones legales contra quienes tan alegremente las han realizado». Consideró también como «intolerable» que se quiera poner en cuestión «el buen nombre de la Universidad de León por anteponer intereses privados utilizando, en beneficio propio, el deber legítimo de representación de los trabajadores». Además, si bien añadió que «este tipo de declaraciones resultan tóxicas», el equipo rectoral «no se dejará intimidar ni dejará de cumplir con sus objetivos de mejora para y con el personal de la Universidad de León».

Para UGT, que ve en el comportamiento del equipo de Gobierno de la ULE «inquina y obsesión» con el sindicato, el rector utiliza el centro «como su cortijo privado» y se muestra molesto con UGT por su «posición crítica» con las políticas de personal que se están llevando a cabo, según explicaron en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas Públicos, Juan Miguel Martínez; el secretario general de la sección sindical, José Carlos Cosgaya, y la responsable del sector del Enseñanza, Cristina Espinosa.

«Que cumpla con los reglamentos y normativas vigentes y que deje de desviar contrataciones y dinero a la Fundación de la Universidad para poder desde allí contratar a su antojo, saltándose los principios de igualdad, capacidad y mérito», concluyó Espinosa. Además, reclamó que el equipo de abandone la «presión y limitación de la libertad sindical, que actúe respetando la normativa de la propia universidad y conforme a la legalidad vigente y, en definitiva, que respete la representación de los trabajaodres y la parte social de las mesas de negociación, así como sus opiniones y propuestas».

Entre las denuncias de UGT destaca la «persecución» del secretario general de la sección sindical en la ULE, pretendiendo «suprimir» su puesto de trabajo, así como que se haya dejado entrever a responsables y delegados por parte de varios cargos cercanos al rector que «les iría mejor en la Universidad» si no estuvieran afiliados al sindicato. Algunos, dicen, temen por ello «represalias». Además, se ha dado cuenta de que la Oferta Pública de Empleo del Personal de Administración y Servicios de la ULE correspondiente a 2017 se aprobó «sin negociación alguna», que no se informa de forma pertinente a los representantes de los trabajadores y se incumple su Estatuto; que el presupuesto general de la ULE ha recibido el visto bueno «saltándose los procedimiento reglamentarios y sin la negociación preceptiva»; que las convocatorias de bolsas de trabajo son «irregulares» y con «baremos de méritos que se encuentran denunciados y no están en vigor»; que la modificación de la RPT del personal funcionario ha sido «aprobada sin negociación» o la «inexistencia de un plan de prevención de riesgos», así como que no se convoque al Comité de Seguridad y Salud desde hace dos años.

Desde la ULE contestan a todo ello y subrayan que respecto a la modificación de los puestos de trabajo que incluye la reestructuración de los servicios ésta no puede ser interpretada «como una persecución sindical, ni mucho menos individual», sino como uno de los resultados de una «legítima reestructuración de la que se ha informado de forma repetida en diferentes foros». Además, el equipo de Gobierno desmiente « rotundamente que se estén realizando contrataciones irregulares. Actualmente se está negociando un nuevo baremo y el actual, mientras tanto, es de aplicación hasta que termine esa negociación. Cualquier plaza convocada se ajusta a derecho».