Poco después saltaban los primeros titulares sobre la Operación Enredadera y sus ramificaciones en cinco municipios de la provincia, entre ellos la capital leonesa. Furgones y agentes policiales se apostaban también a las puertas del edificio mientras se iban conociendo los detalles de una red que presuntamente amañó adjudicaciones públicas en más de 40 ciudades de toda España con el objetivo de favorecer a la empresa Gespol, filial del grupo Sacyr que se encarga de la gestión de los sistemas de tráfico.
Fue entonces cuando se generó cierta confusión, ya que la citada empresa no es la adjudicataria de este servicio en la capital leonesa ni lo ha sido con anterioridad. Y las dudas se acrecentaron al comprobarse que se habían precintado tres despachos vinculados a los departamentos de Obras y Urbanismo, pero ninguno de Tráfico.
Faltaban unos minutos para las diez y media de la mañana cuando el alcalde de León, Antonio Silván, comparecía ante los medios para dar las primeras explicaciones sobre el asunto. Detalló en primer lugar que se trataba de unas «diligencias de información» y que, al contrario de lo que ha ocurrido en otros municipios leoneses y de toda España, los agentes le habían trasladado que no procedía llevar a cabo detención alguna. «El Ayuntamiento de León está prestando todo tipo de colaboración en aras de la máxima transparencia. Las siete plantas del Ayuntamiento y el resto de las dependencias municipales están a disposición de la justicia, como no podía ser de otra manera», defendió el regidor en declaraciones a los periodistas antes de anunciar que ya se había reunido con su equipo de gobierno y con los portavoces de los demás grupos municipales para explicarles la situación.
Silván admitió en todo caso que todo lo que tiene que ver con la contratación pública por parte del Ayuntamiento de León está dentro de estas diligencias de información y concretó que se han pedido documentos referidos a distintos expedientes. «He constituido una comisión municipal con los habilitados nacionales, el interventor y la secretaria, y la jefa del servicio de Contratación para que presten todo el apoyo correspondiente», aseveró.
La labor de los agentes de la Udef se centraba fundamentalmente en investigar los contratos adjudicados entre los años 2010 y 2018 a empresas vinculadas a José Luis Ulibarri, que ha sido detenido como uno de los presuntos cabecillas de la trama corrupta destapada con la Operación Enredadera.
En este sentido, fuentes municipales han confirmado a este periódico que los agentes proporcionaron una lista formada por una docena de compañías vinculadas a Ulibarri, que está imputado también en la trama Gürtel.
El cotejo de los datos por parte de los responsables municipales sirvió para determinar que entre 2010 y 2018 el Ayuntamiento de León adjudicó contratos al menos a cuatro de esas empresas, según han confirmado las mismas fuentes.
Las empresas afectadas
Se trataría en primer lugar de Arcor, la constructora que se ha encargado de la mejora de la carretera de Carbajal por un importe de 118.725,87 euros. Mientras, Aralia es la compañía que gestiona actualmente el servicio de ayuda a domicilio. El importe total del contrato se sitúa en es de 8.756.404,40 euros por un plazo de cuatro años (dos iniciales y la posibilidad de dos de prórroga).Enantar es otra de las compañías vinculadas a Ulibarri con la que el Ayuntamiento de León ha suscrito algún contrato desde 2010. Se trata de una compañía de servicios inmobiliarios denominada anteriormente Peñalba.
Además, es preciso destacar finalmente que la empresa Agema, que es propiedad de Ángel Luis García, otro de los empresarios detenidos, ha resultado adjudicataria de suministros para la mejora de infraestructuras en parques y jardines de la ciudad.