La secretaria plantea "irregularidades" en la contratación de la asesora jurídica en Valderas

La compatibilidad de su contratación quedó sobre la mesa a la espera de un informe de la secretaria y la corporación acordó pagarle el trabajo que ha realizado hasta el momento (un mes)

T. Giganto
23/10/2016
 Actualizado a 19/09/2019
Momento del pleno celebrado este viernes en Valderas. | T.G.
Momento del pleno celebrado este viernes en Valderas. | T.G.
Para el Ayuntamiento de Valderas siempre es época de cambio. Ir y venir de secretarios, dimisión del ya exalcalde Manuel Casado y nuevo bastón de mando que ha recaído en manos Ignacio del Pozo. Estas son algunas de las novedades más recientes aunque el Consistorio parece que, de momento, no va a dejar de sorprender a los vecinos. La última es la pertinencia o no de la contratación de una asesora jurídica, antigua secretaria por otro lado del propio Ayuntamiento.

Ha sido la secretaria-interventora actual, Alba Lafuente, la que ha dado la voz de ‘alerta’ en el pleno celebrado a última hora de la tarde del pasado viernes: "No digo que sea ilegal pero sí que es cierto es que adolece de irregularidades", concretó. Hará un informe al respecto, según informó, y tomará las medidas que estime oportunas en estos casos: o un informe de reparo o uno de legalidad.

Si existe un delito acabaremos en la fiscalíaEl tema salió a la palestra porque la compatibilidad de la asesora jurídica era uno de los puntos a aprobar en el orden del día de la citada sesión plenaria, un asunto que finalmente quedó encima de la mesa y a la espera de que la secretaria-interventora realice un informe al respecto. En la misma sesión intentó explicar tanto a la corporación como a los vecinos en qué puntos no estaba de acuerdo con dicha contratación, destacando, entre otros, que "una persona no puede ser contratada en un ayuntamiento como indefinida porque esto no existe, sino que tiene que ser un contrato temporal". Además, propuso a la corporación que valoren el coste de la contratación ya que "hay otras opciones que quizá sean más rentables". La secretaria explicó que la asesora jurídica, Berta Gil-Merino, dedica 17 horas a la semana como asesora jurídica del Ayuntamiento de Valderas por un total de "1.250 euros al mes".

Dicha asesora ejerció como secretaria-interventora de Valderas hasta marzo, momento desde el cual el puesto ha ido pasando por diferentes manos. Ahora Berta Gil-Merino vuelve al Consistorio valderense como asesora jurídica y con el objetivo, según el alcalde Ignacio del Pozo, "de sacar más trabajo adelante ya que había mucho que hacer atrasado". Mientras que el tema de la compatibilidad o no de su contratación quedó sobre la mesa a la espera del correspondiente informe de la secretaria interventora actual, la corporación sí aprobó la remuneración del trabajo que la asesora jurídica lleva ejerciendo durante un mes como tal. Los concejales de Vox, Isidoro González y Eloy Rubio, la recriminaron que el informe ya debería estar hecho a lo que la secretaria se defendió diciendo que a ella no se lo habían pedido.

La contratación de la asesora jurídica ha quedado encima de la mesa a la espera de un informe de la secretaria"Es una posición muy delicada para la secretaria", explicó Alba Lafuente, ante las reiteradas preguntas acerca de la legalidad o no de la contratación de la asesora jurídica. Claramente no dijo que fuese ilegal a la espera de estudiar en profundidad el caso pero sí afirmó en varias ocasiones que el proceso "adolece de irregularidades". "Si existe un delito acabaremos en la fiscalía", afirmó. "Con su capacidad jurídica, si considera que no es legal, haga un informe de reparo o de legalidad", instó el edil Eloy Rubio.

Menos concurrido que los últimos plenos, los vecinos asistieron atentos a la sesión del pasado viernes. En ella se perdieron entre tanta lectura de leyes por parte de la secretaria que intentó explicar además otros aspectos acerca del funcionamiento del Consistorio. Asistieron a la aprobación de las cuentas del año 2015, unos números que no se leyeron pero que pondrán al público en el tablón de anuncios de las dependencias municipales según señaló Ignacio Del Pozo. Estas cuentas, que según la seceretaria "es la primera vez en mucho tiempo que se aprueban antes del 31 de octubre", contaron con la conformidad de los tres concejales en el equipo de gobierno del PP y cuatro abstenciones, las de PSOE y Vox. Menos vecinos en la sesión y también menos ediles. En esta ocasión no asistió uno del PSOE, Humberto Llamazares, y otro del PP, Manuel Casado. Precisamente fue de él de quien habló Beatriz Barrientos, portavoz del PSOE en la corporación municipal. "Me dijo que no había contratado la radio municipal y aquí tengo un contrato que demuestra que mintió", le recriminó haciendo referencia al periodo de este como alcalde.

Vox denuncia la existencia de un documento que no está registrado en el Libro de Salidas

Antes de que acabase el pleno, el grupo de Vox en la corporación municipal mostró a los asistentes la existencia de un documento registrado con salida del Ayuntamiento de Valderas el día 25 de enero. Esta era una solicitud dirigida a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local que por entonces solicitaba el nombramiento de Jesús García Arias como secretario-interventor de la localidad. Además adjuntaron otro documento en el que García Arias aceptaba acudir por acumulación a Valderas y otro del Ayuntamiento de Santonvenia (localidad en la que este ejercía de secretario) en el que asentía dicho acuerdo, algo que no fue tal ya que Francisco González, regidor de esta última localidad, ha declarado a La Nueva Crónica que en ningún momento aceptó tal acuerdo. Esto queda corroborado al no estar ese documento ni firmado ni sellado por el regidor de Santovenia. Manuel Casado niega también tales hechos y recuerda que "solo fue una conversación con el alcalde pero que no fue una decisión". Por aquel entonces nadie sabía nada de la inhabilitación de García Arias (quien precisamente ha aceptado seis meses de prisión hace unos días por un delito contra la administración pública en Santovenia al haberlo ocultado). La cuestión es que dicho documento inicial tiene el sello con registro de salida número 34, un dato que no corresponde en la realidad con el Libro de Salidas del Ayuntamiento valderense. Un enigma que deja varias preguntas en el aire: ¿Quién sacó dicho documento del Ayuntamiento? ¿Quién erró en el registro de salida? ¿Por qué lo tienen ahora los concejales de Vox?

 

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