"La responsabilidad por la anulación del contrato de Serfunle va quedando clara"

Todos los partidos de la oposición exigen que se tomen medidas cuando la sentencia sea firme y León Despierta, León en Común y UPL piden explicaciones a Hurtado por el informe

Alfonso Martínez
14/10/2018
 Actualizado a 12/09/2019
Serfunle gestiona el cementerio de Puente Castro. | MAURICIO PEÑA
Serfunle gestiona el cementerio de Puente Castro. | MAURICIO PEÑA
La reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León que respalda la nulidad del contrato suscrito en el año 2003 entre la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre y la empresa privada Mémora a fin de crear una sociedad mixta que gestionase tanatorios y cementerios sigue dando que hablar.

El motivo de tal nulidad se basaría en la aceptación –a través de un informe técnico firmado por el asesor económico de la mancomunidad, Carlos Hurtado y por el entonces gerente, ya fallecido– de un canon de gestión que propuso la propia empresa pese a que no figuraba en los pliegos del concurso.

Desde el PSOE, el concejal Vicente Canuria no se muestra sorprendido por la reciente decisión del juez. «Sabíamos que la adjudicación de este contrato había sido nula e ilegal», explica. Su grupo apuesta por pedir responsabilidades a cuantos políticos y funcionarios puedan tenerlas en cuanto la sentencia sea firme (Mémora ha presentado recurso ante el TSJ y la mancomunidad ya ha anunciado que se opondrá). El edil socialista lamenta además que la rebaja de precios que Serfunle tramita en la actualidad y que anunció el pasado jueves el presidente de la mancomunidad, Fernando Salguero, no se abordase con anterioridad. «La pedimos en numerosas ocasiones, pero nos respondieron que no se podía hacer. Sabíamos que el contrato era nulo y no queríamos que el canon de gestión siguiera repercutiéndose a los ciudadanos», concluye.

La portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, carga contra PP y PSOE por su gestión de la mancomunidad en 2003. «No valoramos el trabajo de los técnicos, pero sí que la responsabilidad política de los concejales de la mancomunidad, porque ellos tendrían que haber visto que el informe previo a la adjudicación no se ajustaba a los pliegos», detalla antes de optar por esperar a que la sentencia sea firme para tomar decisiones.

Por su parte, el portavoz de León Despierta, Óscar Fuentes, defiende la necesidad de que se depuren responsabilidades en cuanto a la nulidad del contrato. Aunque la sentencia no es firme, considera que deja «bastante encarrilada» la responsabilidad y que la adjudicación ha supuesto «efectos considerables» para las arcas tanto del Ayuntamiento de León como para los de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre. «No hablamos de cantidades pequeñas. Cuando la sentencia sea firme, habrá que tomar medidas tanto en el Ayuntamiento de León como en la mancomunidad. Pediremos la máxima contundencia, pero lo cierto es que ya va quedando clara la responsabilidad en este asunto», defiende Fuentes en referencia a Hurtado antes de apostar por una remunicipalización del servicio. «La sentencia es una oportunidad perfecta para eliminar los sobrecostes que han pagado los ciudadanos y ofrecer servicios más baratos», concluye el portavoz de León Despierta.

Mientras, desde León en Común, la concejala Victoria Rodríguez apuesta también por una gestión directa del servicio a la hora de poner fin a un asunto «muy turbio y muy oscuro». Recuerda además que Izquierda Unida ha venido denunciando durante todo el mandato la situación de Serfunle y defiende que, en caso de que no pueda municipalizarse su actividad, se apueste por un nuevo concurso al que puedan concurrir todas las empresas que lo deseen «en igualdad de oportunidades». Respecto a la responsabilidad de Hurtado, la concejala de León en Común considera que «tendrá que explicar por qué redactó ese informe» en el que se aceptó el pago de un canon de gestión a Mémora que no figuraba en los pliegos del concurso. «Parece poco legal que alguien que fue secretario de la patronal funeraria haga informes que aceptan condiciones ventajosas para una empresa concreta», defiende Rodríguez.

Finalmente, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, apuesta en primer lugar por la prudencia, ya que la sentencia no es firme. «En cuanto lo sea, habrá que adoptar las medidas oportunas. Será el momento de que se abra una investigación en el seno de Serfunle para dilucidar las posibles responsabilidades que se puedan derivar de su actuación», asegura el edil leonesista en referencia a la labor de Carlos Hurtado como asesor económico de la mancomunidad. López Sendino también apuesta por la remunicipalización del servicio con el fin de que tenga un coste «más ajustado» para los leoneses.
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