"La reputación de un presidente de la Diputación no es una necesidad pública"

Hasta 30 facturas de Madiva remitidas a la Diputación de León fueron el principal objeto de análisis de uno de los dos peritos citados este miércoles en el juicio por la pieza leonesa de la Operación Púnica. El declarante, jefe de la Unidad de Apoyo a la Intervención General de la Administración del Estado, fue claro a la hora de explicar a la sala las conclusiones del trabajo que había realizado: «la reputación de un presidente de la Diputación no es una necesidad pública» y, por lo tanto, consideró que «no estaría justificado pagarla con dinero público» y ese era, dijo, el principal objetivo que encontró tras estas facturas. No vio «acreditada» la inserción de banners que se cita en alguna de ellas y afirmó que desconoce si pagar por la inserción de información era «una excepción o una norma», pero remarcó que si en el resto de pagos se hacía lo mismo, se estarían cometiendo «las mismas irregularidades». De «ilegalidad» y no de «irregularidad» habló a la hora de referirse a cómo se emitían esas facturas, fraccionando el gasto para que fuera considerado como un «contrato menor» y no tuviera que tramitarse la contratación del servicio de forma pública. «Lo que he visto es una relación jurídica entre la Diputación y una empresa que se llama Madiva y eso tiene que dar lugar a un expediente de contratación y no a contratos menores. La relación jurídica es entre las mismas personas y el objeto de la contratación es el mismo, y es esta relación jurídica la que determina que esto no podía ir por el contrato menor. No tenía que tramitarse así», zanjó. También consideró que las facturas deben ser más completas cuando se tramitan por contrato menor. «A mi juicio tendrían que decir en qué campaña, qué fin tienen, si es por una difusión de los alimentos de León... tendrían que poner más cosas», advirtió.

Cafeterías de San Isidro

Otro de los asuntos a los que se refirió fue a la licitación de dos cafeterías en San Isidro, ya que pudo examinar los expedientes de tramitación de las dos licitaciones. ¿Ha visto alguna irregularidad?, le preguntaron. Lo que hay en esos expedientes, según indicó, es que se proponen unos pliegos por el procedimiento negociado que se remiten en una fecha determinada por el diputado encargado, el delegado de Turismo, y llevan en ese momento dos aspectos a tener en cuenta en la adjudicación y, a continuación, tras un correo del presidente, entonces Marcos Martínez Barazón, se acuerda incluir un cambio y se introduce un nuevo criterio. Todo quedó parado porque, recordó, hubo posteriormente una orden del presidente en la que dice que se suspendeel procedimiento «por lo que ha aparecido en la prensa». No obstante, sí que se mostró convencido a la hora de indicar que no se pueden pasar los pliegos a las empresas invitadas o interesadas hasta que se abre el procedimiento y esta era una «fase reservada» y mucho menos permitir que una empresa haga modificaciones en ellos. Además, valoró que este criterio introducido en el último momento estuvo «mal introducido» porque muchos de los aspectos a los que hace referencia tendrían que estar tasados, definidos ya en el pliego, y no depender de «si un contratista es más hábil que otro». Añadió también que tras modificarse el pliego se añadieron un par de empresas que buscó en el registro mercantil y que «no tienen nada que ver con la hostelería y no tendrían la capacidad de desarrollar esos servicios, por lo que si eran adjudicatarias, solo podrían prestarlos subcontratando y eso es ilegal».

Tras su declaración llegó el turno del segundo perito de la jornada, que intervino a propuesta de la defensa de uno de los acusadosy que mostró una opinión contraria a la del primero. Para él en San Isidro existía un «déficit». La estación no iba bien y, mientras otras a nivel nacional ganaban usuarios, la leonesa no acababa de remontar, por lo que defendió que se buscara una solución. «Algo no se estaba haciendo bien», advirtió, por lo que vio bien la introducción de la modificación en el pliego de la adjudicación de las cafeterías, ya que iba encaminada precisamente a eso, a dinamizar y revitalizar la estación. Además, hizo hincapié en que «este tipo de iniciativas están plenamente recogidas en los pliegos de 2020», por ejemplo. Y aunque estuvo de acuerdo en que el «señor que quiere explotar una cafetería» no tiene que llevar el peso de revitalizar la estación, sí que consideró que «se trata de que cada uno haga su parte».

Declaraciones de los acusados

Tras su intervención se dio por concluida la prueba pericial del juicio y se dio inicio a la documental, que continuará este jueves, cuando se espera que se pueda empezar a escuchar también a los primeros acusados.