La privatización del agua lleva este viernes a Gancedo ante el juez

La alcaldesa de San Andrés delRabanedo, María Eugenia Gancedo, está citada este viernes en calidad de investigada en el Juzgado de Instrucción número 5 de León para declarar por la gestión del servicio del agua. Una situación que no preocupa a la regidora, puesto que se muestra «tranquila y confiada» de la resolución final del juez. Aun así, la dirigente socialista intentó que se aplazara su citación puesto que hoy se iba a encontrar en Madrid, pero el magistrado desestimó esta petición después de un recurso de IU.

Gancedo era también la regidora del tercer municipio de la provincia cuando en 2010 el equipo de gobierno llevó a pleno la ampliación del contrato de gestión del agua adjudicado a Aquona en otros 15 años más, por lo que pasó de 2031 a 2046. Pero además, se establece un incremento de la tasa de 1,22 euros por metro cúbico en el precio del agua, que no ha sido trasladado a los vecinos, por lo que desde ese año se ha creado una deuda de 1 millón de euros al año desde entonces.

Las consecuencias fueron varias. Por una parte, Aquona denunció al Ayuntamiento por esta deuda y una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León obligaba al Consistorio a pagar 4,3 millones de euros al a compañía adjudicataria, que se está incrementando más ya que tanto en 2015 como en el presente ejercicio no se ha actualizado la tarifa. Por otra parte, Izquierda Unida también denunció este contrato por considerarlo lesivo para los intereses del Ayuntamiento y de los propios vecinos. Es en este contexto en el que Gancedo tendrá que declarar hoy ante el Juzgado de Instrucción, que luego decidirá si es motivo de delito o no.

Hay que tener en cuenta además que no solo la regidora socialista ha sido llamada a declarar, puesto que otras tres exconcejalas del PSOE que formaban parte de su equipo de gobierno en el mandato de 2007 a 2011 lo tuvieron que hacer (Patricia Fernández, Ana Herrero y Concepción Rodríguez Carús), así como técnicos y otros empleados del Ayuntamiento.

Precisamente la sentencia del Contencioso Administrativo de León es una de las claves que sustenta Gancedo para que se reconozca la legalidad de la prórroga del contrato aprobada en 2010, ya que al obligar al Ayuntamiento a tener que pagar 4,3 millones se da por hecho que es válida tanto la subida de la tasa como la ampliación en 15 años de la adjudicación del servicio (que tuvo como contraprestación la condonación de 2 millones de euros de deuda y que Aquona pagó otros 2,2 millones al Consistorio del alfoz).

Además hay que tener en cuenta otro punto trascendental en esta enrevesada gestión del agua: otro juez anuló el pleno del 3 de septiembre de 2010 en el que se aprobó la ampliación del contrato porque el interventor no estaba presente y actuó en su lugar como tal la secretaria, algo que se considera ilegal.