La patronal leonesa, contra las últimas medidas del Gobierno

Las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno en el marco de su respuesta a la pandemia de coronavirus no convencen a la patronal.

La Cámara de Comercio de León emitió este domingo un comunicado en el que pone de manifiesto el riesgo que supone para el país las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros, consistentes en la paralización de la actividad industrial no considerada esencial, así como en la aprobación de una licencia retribuida para los trabajadores durante el periodo de inactividad. «Con estas decisiones se plantea una situación de riesgo extremo para las empresas, más si cabe cuando el 90% de la base empresarial del conjunto del Estado está integrada por pymes y autónomos», apunta.

La entidad cameral considera que estas medidas «van a suponer para las empresas una carga de difícil asunción. Así, a las dificultades y condicionamientos para la presentación de expedientes temporales de regulación de empleo, se une la prohibición de realizar despidos o extinciones de contratos de trabajo basados en fuerza mayor o causas objetivas, algo que pudiera considerarse contrario a la libertad de empresa.

«Las medidas laborales aprobadas no van a suponer ningún beneficio; el hecho de que las empresas tengan que asumir nueve días de permiso retribuido a los trabajadores no sólo no va a conseguir el efecto perseguido, sino que llevará a una inexorable destrucción de numerosos puestos de trabajo», asegura la Cámara de Comercio antes de vaticinar «una avalancha de solicitudes de concurso voluntario en los próximos tiempos», ya que las empresas «no dispondrán de recursos económicos para afrontar esta situación, por lo que se hace imprescindible la adopción de medidas de apoyo económico, financiero y tributario que permitan a las empresas poder afrontar el futuro con las mínimas garantías de estabilidad».
Por su parte, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) no discute las medidas sanitarias adoptadas y las seguirá cumpliendo, puesto que «la prioridad es la salud de las personas».

Sin embargo, considera que del cierre total de actividades empresariales no esenciales acompañada de un permiso retribuido para todos los trabajadores supondrá un «enorme impacto» para todos los sectores de la economía afectados. De este modo, el parón decretado «puede llevar a una crisis más profunda de la economía y el empleo». «Por tanto, es imprescindible que esta medida vaya acompañada de otras que eviten un agravamiento de la situación ya dramática que atraviesan las empresas, entre otras pymes y autónomos españoles, y que no provoquen una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva. A pesar de ser los empresarios y autónomos los que están sosteniendo la economía del país, a pesar de no recibir ayuda alguna, se les castiga ahora con nuevas obligaciones, inasumibles muchas de ellas», agrega la Fele.

La organización destaca además la «incertidumbre» que están viviendo los empresarios, pues el anuncio de la obligación de cierre de sus empresas «no permite contar un tiempo mínimo de reacción para la organización interna, imprescindible para poder cumplir con el cierre empresarial en condiciones de seguridad». La Fele critica además la «improvisación» del Gobierno en la toma de este tipo de decisiones en el ámbito laboral y empresarial. «Decisiones tomadas sin la participación de los agentes sociales y que deben hacerse una vez analizado cada sector y, en el caso de un parón de la actividad, que esta se haga bajo un cierre ordenado, permitiendo así que instalaciones y maquinara queden en las condiciones de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de incidencia», concluye la Fele.

Finalmente, el Círculo Empresarial Leonés (CEL) cuestiona la eficacia y la validez de algunas de estas nuevas medidas, como la prohibición de despedir durante la crisis, el cierre de toda actividad económica no esencial y las condiciones de los permisos retribuidos recuperables.

«No podemos admitir que el Gobierno establezca como pauta normativa la desconfianza y la sospecha hacia un colectivo con el agua al cuello, que está luchando por mantener el empleo y la propia supervivencia de las empresas y que tiene que tener flexibilidad y las herramientas adecuadas para ser protagonista de la reactivación de la economía tras esta pandemia. Quien no respete la legalidad, tendrá que ser sancionado», defiende al CEl antes de considerar que, si el Gobierno no rectifica, «será peor el remedio que la enfermedad, habrá una cascada de cierres empresariales y la situación económica y social se agravará como nunca antes hayamos visto». «Garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos es una prioridad, pero también lo es salvaguardar los resortes productivos que nos permitan iniciar la recuperación el día de mañana», concluye el CEL.