En su turno de réplica en el debate del Pleno del Congreso que ha de autorizar la cuarta prórroga del estado de alarma, Sánchez ha culpado a Casado de vetar acuerdos con el Gobierno, como hizo, ha afirmado, con el "consenso" alcanzado entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con consejeros autonómicos del ramo y portavoces parlamentarios en la materia, incluidos los del PP, en busca de una solución ante el "colapso" que ha provocado en los juzgados la emergencia sanitaria del coronavirus.
Sánchez ha achacado este "miedo" de Casado a los pactos con el PSOE por la pugna que mantiene con Vox por hacerse con la hegemonía del espacio de la derecha. Sánchez ha aconsejado a Casado liberarse de las presiones de Vox porque, en su opinión, el PP sólo podrá gobernar de nuevo España cuando una mayoría de españoles vuelva a percibir como "un partido que arrima el hombro" en situaciones inéditas y complejas como ésta.
"Pierden tiempo quienes se alivian demonizando al Gobierno de España y quienes pierden el tiempo sólo ganarán la frustración y desafección de la ciudadanía", ha advertido el presidente, que ha puesto en valor la manera en la que todo el país "ha trabajado como una cadena perfecta" desde el pasado 14 de marzo para frenar la expansión del virus. "Justo ahora que empezamos a ver la luz la política no puede ser el eslabón perdido de esa cadena", ha subrayado, remarcando la necesidad de ampliar el estado de alarma porque es la única manera de limitar la movilidad entre provincias.
El jefe del Ejecutivo se ha mostrado partidario de levantar el estado de alarma cuando los datos epidemiológicos sean homogéneos en todo el territorio, pero no antes, y ha remarcado ante Casado que son algunos presidentes autonómicos de su partido, como el murciano Fernando López Miras, quienes exigen al Gobierno que impida los desplazamientos de ciudadanos madrileños a sus segundas residencias en Murcia.
Para dejar en evidencia las reservas del PP al mantenimiento del estado de alarma, Sánchez ha recordado uno de los debates de la Asamblea constituyente de 1977 en los que el diputado conservador Gabriel Cisneros ya defendió la oportunidad de la figura del estado de alarma para hacer frente a una catástrofe de causas naturales.
Con el fin de defenderse de las acusaciones de mala gestión que se le han lanzado desde la oposición, Sánchez ha afirmado que otros países de nuestro entorno han sufrido problemas similares a los de España con respecto a las compras defectuosas de material. Así, ha asegurado que "Alemania perdió seis millones de mascarillas en Kenia", que Francia encargó a un consorcio nacional 8.500 respiradores que no eran los adecuados para hacer frente a la COVID-19 y que Reino Unido admitió haber adquirido 3,5 millones de test que no eran válidos y tuvo que devolver hasta 100.000 batas médicas defectuosas.
"Europa llegó tarde, Occidente también y España también, pero actuó antes y estamos en buenas condiciones para iniciar la estrategia de salida", ha puesto en valor Sánchez, que ha defendido que el mantenimiento del estado de alarma durante esta fase de transición a la nueva normalidad "ofrece la máxima tranquilidad" a la ciudadanía.
Mucha legislatura por delante
Sánchez se ha mostrado convencido de que, una vez superada la emergencia sanitaria, queda "toda una legislatura por delante" en la que poder desarrollar grandes acuerdos entre las fuerzas políticas. En este sentido, ha lamentado que el PP haya despreciado la oferta del PSOE de alcanzar consensos en favor de la reconstrucción social y económica no sólo a nivel nacional, sino en el resto de CCAA y ayuntamientos, gobierne quien gobierne.Tras recordar que la actual coalición entre PSOE y Podemos tomó posesión en febrero, después de la celebración en España de hasta cinco procesos electorales, ha puesto el acento en que "toca legislatura" y centrarse "en la estabilidad de España", con "mirada larga", y para lo que será imprescindible, a su juicio, "volver a la unidad" y "despolitizar la emergencia" como hace la oposición en otros países de nuestro entorno. Sánchez se ha referido, por ejemplo, a la posición del Partido Popular francés, que votó a favor de prolongar el estado de urgencia hasta el 24 de julio.
Sánchez también ha rechazado la propuesta de los 'populares' de apostar por una rebaja generalizada de impuestos, porque eso conllevaría ajustes en el gasto que perjudicarían a los más vulnerables.
El jefe del Ejecutivo ha dedicado mayor tiempo del que solía dirigirle a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para agradecerle su voto afirmativo a la cuarta prórroga y le ha elogiado por conseguir que sus 10 diputados sean "más útiles" que los 88 del PP. Sánchez ha confiado en seguir contando con "el aporte" de Ciudadanos y ha reconocido que el Gobierno tiene en mente fórmulas "alternativas" al estado de alarma, pero no para este momento en concreto.
Estado de alarma en toda la fase de transición
Es más, Sánchez ha defendido la necesidad de mantener el estado de alarma, aunque graduándolo a medida que se vaya avanzando, hasta "culminar el proceso desescalada", pero ha negado que su Ejecutivo esté a favor de un estado de alarma "perpetuo". Al contrario, desde el momento en que se entre en la denominada 'nueva normalidad' y, por tanto, ya no sea necesario restringir la movilidad de las personas como en la actualidad, y hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento médico contra la COVID19, ha apostado por encontrar "otra gobernanza", con los instrumentos jurídicos que se consideren oportunos y se pacten con los partidos, para gestionar esa nueva realidad.En respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Sánchez ha defendido la propuesta "razonable" del Gobierno de España, avalada por los expertos, de tomar la provincia como unidad de referencia para ir levantando las medidas del confinamiento en la llamada fase de desescalada, si bien se ha abierto a estudiar las alternativas que las CCAA hagan llegar al Ejecutivo en este sentido.
Frente a las críticas por sus decisiones unilaterales, Sánchez ha sacado pecho de la interlocución fluida de su Gobierno con los ejecutivos autonómicos y se ha comprometido a avanzar en la toma de decisiones de forma conjunta, como se ha comprometido a hacer aceptando una enmienda presentada por el PNV al decreto del estado de alarma para el periodo comprendido entre el 10 y el 23 de mayo, ambos inclusive.
Si se respeta la literalidad de la enmienda presentada por el PNV, el ministro de Sanidad dejaría de tener la última palabra a la hora de decidir qué medidas se desarrollarán en cada provincia en la fase de desescalada y se verá forzado a acordar con las Comunidades Autónomas esas decisiones. Sánchez ha puesto la aceptación de esta enmienda de los nacionalistas vascos como prueba de que su Gobierno "escucha".