La Junta no ve efectos ambientales adversos en la central de calor de Ponferrada

La Junta publica el estudio ambiental simplificado del proyecto de red de calor de Ponferrada, un paso adelante para poner en marcha esta infraestructura. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León da un paso más para poner en marcha la central de calor de Ponferrada, paralizada por diversos desencuentros vecinales que acabaron con una sentencia judicial en la que se especificaba que la información pública en la tramitación había sido deficiente.

Así las cosas, el procedimiento ha vuelto a realizarse y la Junta considera que el trámite de impacto no es necesario más allá del simplificado ya que no se contempla la posibilidad de que “vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente”.

Así se recupera de nuevo el camino de una estructura que permanece parada, tras una inversión superior a los cuatro millones y que el Tribunal Superior de Justicia tuvo que parar con el fin de recuperar de nuevo el proceso adecuadamente.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, asegura que, desde el Ayuntamiento, lo que se está haciendo es dar “un primer paso deliberativo”, pidiendo la opinión ciudadana sobre la idoneidad del sistema de las redes de calor. Ese paso tendrá la forma de una planificación conjunta, en la que entra esta red de calor que aún no ha entrado en funcionamiento y establece principios generales para ejecutar si se decide continuar estableciendo este sistema en la ciudad.

Entiende Ramón que, para ello, la Junta debe conceder esa declaración ambiental “para darle más seguridad” al proyecto. Pero reconoce que no iránen contra de la sentencia, que anulaba las autorizaciones, pero no por los motivos de fondo, recuerda, sino de forma, es decir, no reconocía la incompatibilidad urbanística del proyecto como hacía el juzgado precedente. El Tribunal Superior dice que sería compatible con la planificación urbanística actual, pero necesita esos requisitos de información pública.

El regidor espera que el Somacyl, de quien depende esta central, siga el procedimiento de ese modo, en el que anuncia que el Ayuntamiento también “será cauto” para cumplir con ese capítulo de exposición pública. Pero asegura que están en el anteproyecto de ese plan general, en el que la Junta seguirá los pasos que marcan la sentencia “que dice que no puede entrar en funcionamiento si no tiene todas las autorizaciones”, aunque no marca la necesidad de derribar la estructura construida.

Ramón anuncia que habrá una nueva exposición pública para que se puedan hacer alegaciones y no pone plazos para todo el proceso “no quiero anunciar plazos por si no pueden cumplirse”, pero sí considera que por burocracia y normativa, “que va más lenta de lo que nos gustaría” faltan meses para ver la central funcionar.

En concreto, la Junta hace referencia a los 8.000 metros cuadrados de la instalación, en la que recoge los viales aledaños. En su informe de ‘Plan especial de infraestructuras para la implantación de la red de calor’ apunta la solicitudde informes a varias instituciones para ver los riesgos ambientales. En ellos, solo la Agencia de Protección Civil hace mención al riesgo de inundación “medio” y de incendio “muy alto”, y solicita que las actuaciones que se realicen no incrementen esos niveles de peligro.

Con esas premisas, la Junta considera que el proyecto no choca con el Plan Especial urbanístico y que no es necesaria la evaluación ambiental estratégica, por lo que el proyecto sigue adelante.