La Junta insiste en suspender la catalogación del lobo y aboga por negociar

Las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León pidieron este lunes a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la suspensión de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) y que les permita liderar la estrategia nacional para la conservación del lobo al contar con la mayor información y el conocimiento necesarios para controlar de manera adecuada la especie y garantizar el equilibrio necesario en su convivencia con el sector ganadero y la actividad humana.

Así se lo trasladaron los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas a la ministra durante la reunión que celebraron por videoconferencia para analizar la situación del lobo ibérico en España y que se alargó durante dos horas y media.

Tras escuchar la postura de la ministra, los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas le trasladaron la preocupación del sector ante los efectos que puede provocar la inclusión del lobo ibérico en el Lespre y le han exigido que reconsidere su posturay, al menos, tenga en cuenta el criterio técnico de las comunidades autónomas en las que habita la especie y cuentan con mayor conocimiento y experiencia en la gestión de su población.

Las cuatro comunidades pidieron a la ministra que no adopte la decisión de publicar en el BOE sin antes haber llegado al consenso necesario sobre una nueva Estrategia. En definitiva: «empecemos la casa por los cimientos, no por el tejado», defendió el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones.

En el encuentro, defendieron la necesidad de que sean Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León las comunidades autónomas que lideren la estrategia nacional para la conservación del lobo ibérico. En este sentido, le recordaron que esta misma semana han constituido un comité técnico para coordinar, de manera conjunta y desde la colaboración institucional, la cooperación y el consenso, las medidas y actuaciones de gestión que llevan a cabo cada una de las cuatro comunidades autónomas en sus respectivos planes de gestión.

Además, argumentaron que su rechazo a la especial protección del lobo cuenta con un amplio respaldo que va más allá del consenso social, científico y político que existe en Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias y , ya que otras autonomías como el País Vasco o la Comunidad Autónoma de Madrid han trasladado recientemente su apoyo a la postura de las comunidades ‘loberas’ ante el temor de que la falta de control que supondrá la especial protección del lobo provoque el crecimiento «desmedido» de su población y su correspondiente expansión a otros territorios del país.

A todo ello hay que sumar, recordaron, la postura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien manifestó su firme apuesta por la cohabitación del lobo y la ganadería extensiva desde el respeto a la biodiversidad y la actividad del sector primario.

Finalmente, aseguraron a la ministra Ribera que irán hasta las últimas consecuencias en su defensa de la vigente gestión de la conservación y control del lobo que están desarrollando con buenos resultados y con unas medidas que consideran imprescindibles para hacer frente a los riesgos que conlleva la creciente expansión en población y superficie que ha experimentado el lobo en los últimos 20 años. Tras la reunión, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suarez-Quiñones, defendió la necesidad de buscar acuerdos y el equilibrio necesario entre la conservación del lobo y la necesidad de apoyar a la ganadería extensiva.

«El lobo ya está suficientemente protegido con nuestro plan de gestión. Si le anulan, los ganaderos de las zonas con lobo van a tener muchos problemas para mantener la ya comprometida viabilidad de sus explotaciones y el lobo, y nuestro medio natural en general, va a sufrir la reaparición de prácticas ilegales, como el furtivismo o el envenenamiento», avisaron.

«La propuesta del Ministerio supone un gravísimo error basado en el desconocimiento y el desprecio hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tenemos que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona», apuntaron.

El consejero de Medio Ambiente insistió en reclamar la suspensión de la catalogación del lobo y sentarse a negociar de cero, un compromiso que no sacaron a la ministra de Transición Ecológica durante la reunión, que sí tendió la mano a las comunidades autónomas participantes «para trabajar de forma conjunta en acciones de protección a la ganadería extensiva y los ganaderos y de coexistencia con el lobo ibérico y realizar nuevos censos que ayuden a establecer cómo está la especie en cada territorio». Ribera defendió que «los ganaderos no pueden sostener sobre sus espaldas los costes de un patrimonio natural común, que en este caso es el lobo, por lo que, abogó, por dotar al sector de recursos suficientes y de un marco de seguridad jurídica».