El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, detalló en rueda de prensa telemática el acuerdo suscrito con los sindicatos CCOO y UGT y la patronal Cecale y subrayó que se trata de garantizar la cohesión económica y social ante el impacto del virus en la actividad económica de Castilla y León. El plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, familias y personas vulverables con motivo de la crisis del coronavirus se desglosa en cinco apartados: medidas de protección y mantenimiento del empleo (67,9 millones), medidas en materia de prevención de riesgos laborales (2 millones), medidas de carácter financiero (142 millones), servicio de la actividad empresarial (320.000 euros) y medidas de protección social (8 millones).
Del montante de los 67,9 millones, un total de 12,5 millones se destinan a trabajadores afectados por Ertes (6 millones), conciliación de la vida personal, familiar y laboral, derecho de excedencia y reducción de jornada (2 millones) y protección de trabajadores desempleados por causa del Covid que no reciben ninguna prestación por desempleo (PIE) otros 4,5 millones. En el marco de ayudas al fomento del empleo de empresas y autónomos se consigan 55,4 millones, de ellos 35 irán a la inversión en la industria agroalimentaria de empresas afectadas en sus plantillas por el virus y otros 3 millones de ayudas para el refuerzo en la contratación motivado en el incremento de la producción ante el Covid-19.
Respecto del colectivo de autónomos, el presidente de la Junta aseguró que entre 40.000 y 50.000 se podrán beneficiar de la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para consolidación del trabajo autónomo (tarifa plana) de 60 euros al mes durante seis meses (1 millón de euros); a los autónomos, a los que, habiendo cesado su actividad decidan reincorporase, con una ayuda equivalente al 40 por ciento de la cuota la Seguridad Social, durante los 3 primeros meses, y a los que habiendo cesado definitivamente, no perciban ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo.
Además de ayudas para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad por causa del Covid-19, dotado este programa con cinco millones; ayudas a los autónomos que cesen su actividad y no perciban prestación ni subsidio de desempleo (PIE) de 427 euros al mes durante seis meses; ayudas para generar nuevas oportunidades de negocio, con hasta 5.000 euros al inicio de la actividad. En su conjunto, se estima que este paquete de cuatro líneas de ayuda dirigidas específicamente a los autónomos, unido al programa de 20 millones de euros en apoyos financieros para facilitar liquidez a pymes y trabajadores por cuenta propia, beneficiará a entre 40.000 y 50.000 autónomos en Castilla y León.
Aplazamiento de impuestos
Y junto a las medidas de protección y mantenimiento del empleo, el acuerdo incide también en medidas en materia de prevención de riesgos laborales, con 2 millones de euros, para que las empresas puedan priorizar la máxima protección de la salud de los trabajadores. Asimismo, medidas de carácter financiero, adelantadas hace unos días, como el aplazamiento de impuestos a empresas y familias con un impacto de 42 millones, así como la inyección de liquidez y crédito por importe de 100 millones de euros.
En otro bloque se incluyen, con un importe de 320.000 euros, servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial, informando y resolviendo consultas a empresas, reforzando la Red Exterior de la Junta de Castilla y León; buscando nuevos proveedores cuando se haya visto interrumpida la cadena de suministros, o ampliando los plazos de presentación y pago de impuestos gestionados por la Administración Autonómica. Para pymes, micropymes y autónomos que incrementen su personal con trabajadores desempleados como consecuencia del coronavirus. Se establecen ayudas de hasta 10.000 euros por contrato.
Para empresas que incorporen a sus plantillas a trabajadores que hayan sido despedidos o que procedan de empresas que han cerrado por causa del Covid-19 y cuya edad dificulta su retorno al mercado laboral. El incentivo puede alcanzar hasta los 8.000 euros. Para compañías que necesiten reforzar las contrataciones para asumir el incremento de la producción derivado del coronavirus. Se establecen ayudas de hasta 10.000 euros para apoyar la formalización de contratos indefinidos, de interinidad –necesarios para suplir a trabajadores de baja por enfermedad o en situación de excedencia o reducción de jornada–, o en prácticas.
Para impulsar el sostenimiento de micropymes y autónomos, se pone en marcha una línea dotada con 20 millones de euros, para incrementar la liquidez con préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses. Esta línea de avales tendrá una carencia de hasta 12 meses, una amortización de tres años, y permitirá bonificar los costes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta cinco trabajadores y autónomos. Se podrán materializar 600 operaciones de crédito por un importe máximo de 40.000 euros con una bonificación del 100 por cien de los costes financieros.
En el apoyo al mantenimiento de la actividad de las pymes, se recoge la línea de 40 millones de euros está dirigida a ayudar al mantenimiento de la actividad económica de las pymes de la Comunidad, que desarrollan su actividad en sectores especialmente afectados por la crisis del Covid-19, como la hostelería, el comercio, las manufacturas o el turismo, entre otros. Se trata de una línea del programa ICE Financia, que articula préstamos avalados a tres y cuatro años, con uno de carencia.
Colectivos vulnerables
También, se habilitan medidas adicionales para las personas vulnerables, especialmente para garantizar la alimentación adecuada de la población infantil o para atender a las personas sin hogar. La Renta Garantizada o la Red de Protección constituyen instrumentos esenciales de protección y garantía de atención de las necesidades básicas de las personas vulnerables. Por ello, el acuerdo sellado hoy prevé su refuerzo ante el posible aumento de beneficiarios y personas necesitadas que surjan como consecuencia de esta crisis sanitaria y económica.
Las medidas de protección social acordadas tienen por objeto garantizar la prestación de servicios fundamentales para las personas dependientes, como el Servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia o la atención residencial ante la situación extraordinaria generada por el Covid-19. De igual forma, se potencia la atención telefónica a personas que viven solas.
El pacto suscrito esta mañana por el presidente de la Junta, los secretarios autonómicos de CCOO y UGT y el máximo responsable de Cecale incorpora también el compromiso adquirido por las partes de revisar las políticas activas de empleo con la finalidad de adecuarlas a la realidad económica y social que se herede tras la crisis del coronavirus. De esta forma, se ha acordado reforzar todos los programas de fomento del empleo; estudiar la introducción en futuras convocatorias de ayudas de nuevos colectivos de desempleados que provengan de esta situación, y potenciar los servicios de atención a las personas en paro.