La Junta asegura que los contratos con empresas de Ulibarri se ajustan a la norma

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha defendido este jueves que los contratos de la administración autonómica siguen “escrupulosamente” la legislación vigente y el criterio de los técnicos en la mesa de contratación. Además, aseguró que el Ejecutivo no tiene “nada que temer” y ofrecerá a la justicia toda la información que le solicite en relación a la Operación Enredadera, vinculada hasta ahora a corporaciones municipales.

En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Milagros Marcos insistió en que las relaciones contractuales de la Junta “siguen escrupulosamente la legislación vigente”. Explicó que responden a licitaciones, derivadas del análisis de los equipos técnicos que seleccionan los proyectos, y a adjudicaciones a empresas que cumplen los requisitos y están mejor posicionados desde el punto de vista técnico. “Cumplen la normativa vigente y están escrupulosamente condicionadas a lo que los técnicos determinan”, remarcó.

“Relación absolutamente conforme a derecho en todos los procedimientos, conforme a la Ley de contratos y a la normativa vigente”, reiteró y añadió: “No tenemos ningún temor” ante la posibilidad de que la justicia pida información sobre contratos en el marco de sus actuaciones". “Temor ninguno” y “absoluta normalidad”, apuntó por lo que indicó que colaborarán como lo han hecho los ayuntamientos si se lo requiere el juez.

Igualmente, Marcos señaló que la Ley de Contratos es una normativa nacional por lo que la Junta lo que hace es “cumplirla”, en relación a la propuesta de Podemos de excluir de los procedimientos a las empresas con causas de corrupción. “Ni puede, ni debe hacer otra cosa, ni lo va a hacer, lo ha hecho siempre, cumplir con la normativa es nuestra obligación”, aclaró, al tiempo que indicó la administración autonómica no determina quien está excluido y las causas.

Finalmente, Marcos defendió que Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL) es una “empresa como otra cualquiera” de la comunidad, que recibe fondos de la administración, en este caso, como apoyo a su labor de difusión e información a la población. “La relación contractual es pública, transparente, está a disposición de todos y lo ha estado siempre”, dijo la consejera portavoz, quien señaló que el Gobierno autonómico no hace un "seguimiento" ni de sus contenidos ni de sus decisiones.