En el auto de apertura de juicio oral,fechado el día 20, la juez requiere también a los 16 acusados –entre los que se encuentran el presidente y consejero delegado de la Sociedad, el vicepresidente y consejero delegado o el director general de la empresa–; a la aseguradora HDI Hannover International España (como responsable civil directo y solidario); y a la empresa Hullera Vasco Leonesa (como responsable civil subsidiaria y/o persona jurídica), el pago –en un plazo de cinco días– de una fianza que asciende a 3.420.000 euros, que deben abonar conjunta y solidariamente, procediendo, en caso de que esto no ocurra, a embargárseles bienes de su propiedad hasta cubrir esta cantidad o, en su caso, a acreditarse en forma legal su insolvencia, abriéndose las correspondientes piezas.
El Ministerio Fiscal emitió en los últimos días su escrito de acusación, en el que pedía que se desvinculara del procedimiento a Alberto Fernández Díez –que las acusaciones particulares sí consideran responsable) y atribuía a los otros 15 delitos contra los derechos de los trabajadores, seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave (por las sufridas por Juan Manuel Menéndez Montero, afectado de una «grave enfermedad somática y psíquica») y siete delitos de lesiones por imprudencia grave requiriendo para cada uno una pena de «tres años y seis meses de prisión».
Tras la presentación de este documento del Ministerio Público –que se esperaba desde que en julio de 2017 la juez emitió el auto por el que instaba al Fiscal y a las acusaciones particulares a presentar sus calificaciones– se pidió a las defensas que hicieran lo propio y, una vez recibidos todos los escritos, la titular de Instrucción 4 ha podido cerrar el procedimiento con este auto. Ya solo falta poner fecha y juzgar lo ocurrido.
«Avisos e indicios de riesgo»
En su auto de julio, la juez recogía que José Antonio Blanco Barrio, Juan Carlos Pérez Hernández, Manuel Antonio Moure Fernández, Orlando González Fernández, Roberto Álvarez García y José Luis Arias Gutiérrez, que trabajaban como picadores, vigilantes y tuberos, fallecieron como consecuencia de «una invasión masiva de metano en el taller», ubicado en la planta siete del macizo del mismo número del Pozo Emilio del Valle. Sus familias, excepto la del último –que renunció «al ejercicio de acciones civiles y penales al haber sido indemnizada»– toman parte en el procedimiento, al igual que varios de los trabajadores que resultaron lesionados en el accidente.
Además, en el documento tambiénincide en que «fueron muchos los avisos y los indicios de riesgo que la mina iba dando a diario sin que fueran tenidos en cuenta por los investigados dentro del ámbito propio de sus competencias y responsabilidades».