La magistrada, que dejó en libertad al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, considera necesario encarcelar a Sànchez y Cuixart para evitar que sigan empujando hacia la independencia por medios ilegales. Lamela aprecia un riesgo claro de que ambos reiteren en su actividad delictiva, al formar parte de «un grupo organizado de personas» que llevan a cabo «de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria» para lograr «fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España».
Ese proceso se encuentra en marcha -explica la magistrada- que cita como ejemplo que los dos «Jordis» han protagonizado eventos similares más allá del 20 y del 21 de septiembre, cuando una masa de independentistas asedió a la Guardia Civil en varias sedes de la Generalitat que estaban siendo registradas. Esta investigación, aun así, se centra por ahora solo en lo que sucedió aquel día, sin considerar la actuación del independentismo en el referéndum ilegal del 1 de octubre, pues la Fiscalía no ha ampliado su denuncia.
Concentración "no pacífica"
Para justificar por qué Sánchez y Cuixart van a prisión (y no Trapero y la intendente de los Mossos, Teresa Laplana), la juez alega el «papel clave» de los líderes de la ANC y Òmnium en el acoso a la Guardia Civil, «alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente» de las concentraciones durante todo el día. Sànchez y Cuixart llevaron la «iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes» en cada momento del día.
La congregación a las puertas de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat «no se trataba realmente de concentraciones pacíficas y tampoco de una protesta aislada», argumenta la juez. Lamela explica, por ejemplo, que ni Sànchez ni Cuixart pidieron a la masa que seguía sus instrucciones «que no se violentaran los vehículos oficiales» de la comisión judicial, que quedaron destrozados. Los peritos han cifrado el daño causado en los coches en 135.631,92 euros.