“En la fase de desescalada no se debe volver a la gestión de los servicios administrativos de manera global por la modalidad presencial, debe garantizarse el cumplimiento de las medidas de continuidad de freno a la pandemia de manera coordinada con la protección y reconocimiento de los trabajadores y de la conciliación”, recoge el documento, conocido por Ical, que vincula a todas las consejerías a través de planes específicos, pero criterios globales.
Por ello, se entiende que las modalidades de prestación del servicio, bien presencial o bien mediante trabajo en remoto, pueden coordinarse con un sistema de turnos en la presencia de los trabajadores, si fuera preciso, junto con la flexibilidad horaria dentro de los horarios de apertura del centro de trabajo.
Una vez definidas unas premisas, entre ellas la priorización de los servicios esenciales, será cuando se establezcan los ritmos de trabajo presencial continuado, a turnos, así como la delimitación del personal que pueda continuar con trabajo remoto (o teletrabajo, en su caso). Igualmente podrán contemplarse sistemas mixtos (días alternos y trabajo remoto, por ejemplo). En este momento, más de 8.300 personas teletrabaja, ya que lo tiene reconocido antes del estado de alarma.
También plantea que el acceso de los trabajadores a su puesto tenga un orden por grupos, como los de 40-60 años sin patologías crónicas asociadas, los de más de 60 sin patologías crónicas asociadas y los pertenecientes a colectivos especialmente sensibles.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, explicó en su comparecencia en las Cortes, en la que anunció esta guía, que se ha dado a conocer a las organizaciones sindicales y se debatirá en la Mesa General, abierta a sus propuestas.
Planes de regreso
Entre las consideraciones, se parte de que la evolución de la pandemia conjugada con el fin del estado de alarma debe mantener para esta nueva etapa la protección de la salud de los empleados públicos en el desempeño de sus funciones, a la vez que se normaliza paulatinamente la prestación global del servicio público.
Así, pide a todas las consejerías que delimiten claramente las funciones esenciales, imprescindibles, aquellos que deban reiniciarse por alzamiento de la suspensión de plazos, responsabilidades con o sin relación con la gestión de la pandemia, personas a cargo, jerarquías - sistemas de trabajo compatibles con un reingreso escalonado, aunque precisa que la reorganización debe ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a la evolución del impacto de Covid-19.
De esa manera, se establecen en esta Guía de referencia las pautas para elaborar los planes de regreso a la actividad ordinaria de las consejerías. En el ámbito provincial corresponderá a los Jefes de Servicio Territorial la propuesta de plan de desescalada en su Servicio, informando a la Secretaría General de la Consejería competente para su inclusión en el plan global de ésta.
Para la organización y seguimiento de las medidas a implementar se creará un Grupo de Trabajo Interconsejerías, cuyas conclusiones se pondrán en conocimiento de la Comisión de Secretarios Generales, que coordinará el secretario general de la Consejería de la Presidencia.
En cuanto a los criterios específicos para definir los planes de desescalada de las consejerías y delegaciones territoriales, están valorar el impacto social del servicio y en la población por lo que se prioriza “el menor contacto presencial”; contemplar “la prioridad de la reincorporación presencial o no”, en función de las características del servicio.
Igualmente, considerar “la ampliación de medidas” que faciliten la prestación del servicio, en coordinación con la conciliación, que deben aumentar en atención a las decisiones que se adopten en el ámbito educativo de los menores, en su conjunto, así como afección en las personas a cargo.
La actividad esencial en el periodo de desescalada mantendrá el personal mínimo imprescindible en acceso, vigilancia, seguridad, limpieza y mantenimiento; registro; prestación de servicios para garantizar el traslado de personas y material; la gestión presupuestaria y contable, pagos, en especial de deuda pública y a proveedores y las funciones relativas a la contratación; servicios jurídicos; la confección de nóminas y todo lo relativo a la atención ciudadana ya sea telemática o telefónica.
En cuanto a las salidas y entradas, se plantean que sean escalonadas, por turnos y manteniendo la seguridad de dos metros de distancia, habilitar una puerta de entrada y otra de salida siempre que sea posible, dejar las puertas abiertas para evitar tener que abrirlas y reducir la presencia de personal ajeno al servicio.
Las medidas en la organización del trabajo son variadas, desde compatibilizar el número de trabajadores presenciales con el teletrabajo, a evitar las reuniones presenciales, rotaciones del personal hasta permitir una adecuada limpieza, tener ordenado el puesto de trabajo o evitar utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores.
El uso de guantes y mascarillas de protección frente a microorganismos para el personal de registro e información en general, personal de mantenimiento, ordenanzas, mozos de almacén, personal sanitario, personal informático es otra de las indicaciones.