La Fiscalía pide al Ayuntamiento documentación sobre el contrato del alumbrado público

“Seguiremos siendo implacables ante las malas prácticas y trabajando para desaparasitar las instituciones”, apunta Pablo Fernández

Ical
28/03/2018
 Actualizado a 11/09/2019
Alumbrado público de León. | MAURICIO PEÑA
Alumbrado público de León. | MAURICIO PEÑA
La Fiscalía reclaman al Ayuntamiento de León diversa documentación después de admitir la denuncia presentada por Podemos por el contrato sobre el alumbrado público, según informó este miércoles el secretario general de la formación, Pablo Fernández. Así, el Ministerio Público solicita a la Secretaría General que se informe sobre el contrato de iluminación exterior y acerca de la posible adjudicación del mismo, además de pedir que se ofrezcan datos sobre posibles irregularidades en cuanto a pagos y sobrecostes, en particular, en lo que atañe al aparcamiento de Santa Nonia.

También se reclama, en este caso a la Intervención, que informe sobre los 667.000 euros previstos para reponer el cable de las calles de León y sobre la justificación de la necesidad de ese pago.

“Exigimos al Ayuntamiento y a su máximo responsable, el alcalde Antonio Silván, que cumpla con celeridad y rigor los numerosos requisitos de la Fiscalía”, dijo Fernández antes de lamentar que tenga que ser ésta la que pida la rendición de cuentas necesarias “ante las sospechosas prácticas en torno a la contratación de la luz”.

Ni Silván ni el concejal de Infraestructuras, José María López Benito, dijo, “deberían agachar la cerviz para ocultarse debajo de la tierra, “que es su práctica habitual”. Para Pablo Fernández, la formación morada cumplió con su obligación al presentar una denuncia “sólida y fundada”. “Seguiremos siendo implacables ante las malas prácticas y trabajando para desaparasitar las instituciones y ponerlas al servicio de la ciudadanía leonesa”, remarcó.

El contrato de gestión indirecta del servicio de alumbrado, que costará al Ayuntamiento más de 20 millones de euros, es a juicio de Podemos un 'corta-pega' del anterior, en el que, obligado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, el Consistorio cambió la denominación y la calificación, eliminando alguna traba para que se puedan presentar más empresas al proceso de adjudicación.
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