La Fiscalía pide 25 años de prisión para Junqueras como líder de la rebelión

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este viernes 25 años de prisión para Oriol Junqueras como líder del proceso secesionista ilegal. El Ministerio Público ha mantenido sus tesis y considera que la actuación de los antiguos dirigentes independentistas supone un delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal. La condena solicitada para Junqueras por rebelión agravada (al absorber el delito de malversación) es la mayor de todas por su condición de dirigente, como adelantó ABC. La Fiscalía solicita 17 años de cárcel para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, también por un delito de rebelión, y deja en 16 años de prisión su acusación contra los antiguos consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

En el escrito, la Fiscalía, representada en la causa por cuatro veteranos fiscales, no ha cedido y ha corroborado lo que ha defendido durante toda la instrucción: que los líderes del «procés» asumieron los brotes de violencia como un medio para empujar ilegalmente a la independencia de Cataluña. El Ministerio Público invoca como ejemplos el acoso a la Guardia Civil que tuvo lugar en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y los sucesos del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre del 2017.

A juicio de la Fiscalía del Supremo en su acusación, el plan orquestado por los encausados consistía en «orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquella, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional».


Para ello, dicen los fiscales, se contempló la «utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra, el uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, IIegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional».

Esta apreciación -la existencia de violencia en los medios empleados para empujar hacia la independencia por las vías ilegales- centrará el debate esencial en el juicio oral, que comenzará a mediados de enero y cuyo desarrollo se prevé entre dos y tres meses.