La falta de pruebas hace que se archiven el 42% de los casos de violencia de género

La falta de testigos, la ausencia de partes médicos o la negativa de la víctima a declarar: causas que hacen que más de cuatro de cada diez casos de violencia de género acaben archivados. Esta proporción se corresponde con los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial en el informe de datos sobre violencia sobre la mujer referidos al segundo trimestre de este año, periodo en el que se contabilizaron en la provincia de León 239 denuncias recibidas (228 en el trimestre anterior).

Esta estadística refleja que casi dos de cada diez mujeres renuncian a su derecho a declarar contra su presunto agresor, lo que hace muy complicado probar los hechos y pasan a ser sobreseídos. En el citado periodo, el 44,7% de los procedimientos terminaron en archivo, en su mayoría provisional, lo que significa que pueden volver a reabrirse. De estos sobreseídos provisionalmente, el motivo fue en todos ellos que no resultó justificada la perpetración del delito, mientras que en los casos de archivo definitivo, mucho más residual, con 7 casos en los tres meses, hubo dos en los que se consideró que no había indicios racionales de haberse cometido el delito y cinco en los que se determinó que el hecho no era constitutivo de delito.

Menos que archivados fueron los que llegaron a juicio y terminaron con una sentencia, apenas un 15% del total, aunque de este 15%, el 86% acabó con sentencia condenatoria para el agresor. De 37 hombres juzgados, 32 fueron condenados y sólo cinco resultaron absueltos por la Justicia leonesa.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de denuncias ha experimentado un descenso con 39 denuncias menos. La media ronda las tres diarias en la provincia de León, donde según los últimos datos publicados la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se sitúa en 10,1, ligeramente por debajo de la media autonómica.

Lo que sigue sin cambios es la ausencia de denuncias presentadas por familiares de víctimas, siendo la mayoría fruto de atestados policiales con denuncia de la propia víctima.

Por otra parte, en el segundo trimestre de este año los tribunales leoneses han dictado 63 medidas judiciales de protección y seguridad de naturaleza penal, la mayoría órdenes de alejamiento o de prohibición de comunicar con la víctima.