Así lo especificó el portavoz popular y exalcalde, Gregorio Chamorro, también representante del Consistorio en la mancomunidad, ya que, según detalló, ha habido varios cambios de proyecto en los últimos años, pese a que Serfunle estaba dispuesta a realizar la obra, algo a lo que estaba obligada por el pliego del contrato de 2003. Pero el dirigente del PP también desveló que la empresa mixta no quería hacerse cargo de los accesos, solo si a cambio podía construir en el cementerio de San Andrés un tanatorio, algo que entraría en conflicto «con una empresa privada que ya opera en el municipio», afirmó Chamorro, en clara alusión a Los Jardines, que insistió en que el problema era del Ayuntamiento «por no ceder los terrenos» para ampliar el camposanto. «Se nos debe», agregó la portavoz de UPL, Rosa Fernández. «No entiendo que se justifique en que había que poner unos terrenos, hay que exigir que se construya», destacó la edil de IU Eloína Terrón.
Por su parte, la alcaldesa, Camino Cabañas, destacó que habría que tejer «una posición común», y no solo en lo que respecta al cementerio, sino también en cómo afrontar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León que desestimó el recurso presentado por Mémora, socio privado de la empresa mixta, contra la decisión de la mancomunidad de declarar la nulidad del contrato suscrito entre ambas partes después de un concurso que debería haber quedado desierto, y que fue el punto que se llevó al pleno de este miércoles.
Fue Chamorro el encargado de dar cuenta de la situación ante el resto de la corporación, recordando que el juez consideraba ilegal el canon de gestión cobrado por la empresa mixta, ya que no estaba en los pliegos del contrato, y que ha hecho que Serfunle recibiera 10 millones de euros de más en estos 15 años.
Más allá de que todos los grupos rechazaran estas prácticas, uno de los debates fue qué posición tomar ante esta decisión judicial cuando sea firme y que, de ser así, frustraría la posibilidad de construir el cementerio. Pero también si se debería apostar por la prestación de este servicio de forma pública, como defendió Terrón, o volver a sacar el contrato a licitación, como apuntó el edil popular. Además, la concejala de IU recordó que esta sentencia llega después de que el técnico municipal del Ayuntamiento de León, Carlos Hurtado, diera el visto bueno al canon, de ahí que pidiera «responsabilidades» a esta persona, que según apuntó, a su vez formó parte de la patronal funeraria de España.
Aprobación del ARU
El otro punto principal del día, y que fue aprobado por unanimidad, es elÁrea de Regeneración Urbana (ARU) en el barrio de Pinilla, lo que permitirá habilitar ayudas púbicas para la rehabilitación de un total de 938 viviendas, 72 de ellas en una primera fase.
Se trata de una iniciativa por la cual los propietarios de los inmuebles del área seleccionada podrán acceder a subvenciones parar mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética, con un máximo de 18.600 eurosde media por vivienda. Eso sí, los vecinos solo se harán cargo del coste de tributos municipales, puesto que el resto será a cargo de Ayuntamiento, Junta y Gobierno.