La excusa del empresario local

Como si de un coto de caza se tratara, los empresarios investigados en la Operación Enredadera  trataban con políticos y empresarios como si tuvieran algún tipo de derecho basado en su relación con su territorio. En las conversaciones que constan en el sumario de la causa se puede observar como los empresario que pugnan por contratos públicos tratan de justificar en ocasiones una obligación de las Administraciones locales para con ellos. El empresario maragato Ángel Luis García, alias ‘el patatero’, es uno de los que se refiere a esta circunstancia con mayor vehemencia, especialmente en Astorga. Así se desprende de una conversación mantenida el 2 de mayo del pasado año entre Ángel Luis García y un tercero, en el que el empresario no duda en afirmar que «no hay derecho que venga tío de fuera con una oferta muy a la baja y que después deje la obra sin hacer, que son empresas piratas».

No hay derecho que venga un tío de fuera con una oferta muy a la baja y que después deje la obra sin hacer
Por ello, a través de las prácticas referidas por los investigadores, la trama trataba de presionar para que los contratos no se publicitaran y evitar la competencia. En uno de los oficios policiales recogidos, los investigadores resumen que «Ángel Luis (AL) le dice (a un tercero) que va a hablar con el alcalde de Astorga para que no saque los contratos por procedimiento abierto, ya que se presentan empresas de toda España con bajas muy considerables; lo que tiene que hacer el alcalde es dar las obras a gente de aquí».  Sin embargo, como en cualquier montería, es descortés no dejar ninguna pieza para los acompañantes. Quizás por eso, como se extrae de las escuchas al empresario, «AL no pretende que se lo den a él todo, pero que lo reparta entre los de aquí, que hay trabajo para todos».

En una conversación del día siguiente entre el mismo empresario con su empleado y ex concejal socialista del Ayuntamiento de Astorga Juan José Simón, en libertad con cargos por esta causa, ‘el patatero’ le dice que «no lo quiere todo, pero que lo que se haga, se haga con la gente de Astorga, que no lo saque en el BOE (Boletín Oficial del Estado) porque en ese caso viene una empresa de fuera con bajas muy pronunciadas». Es el caso que se dio en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, donde una empresa arrebató a Gespol SL –una de las sociedades preeminentes en la actividad delictiva de la trama, según los investigadores– un contrato de control semafórico.

El ‘patatero’ no pretende que se lo den a él todo, pero pider repartirlo entre los de aquí, "que hay para todos"

Pese a este apego al territorio, la trama no dudaba en cazar en otros enclaves alejados de su origen. De este modo, Ángel Luis García llevaba su actividad hasta el Principado de Asturias, mientras que José Luis Ulibarri ‘trabajaba’ en León, Madrid, Valladolid o el Principado de Asturias.

Pero la cuestión territorial tiene aristas y en algunos casos entre los investigados también se facilitaban el desembarco en otros territorios. Según se puede deducir de las conversaciones recogidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo de Policía Nacional, el empresario gallego Gerardo Feijoo Feijoo habría contado con la ayuda de empresarios de los elementos de la trama en León para acceder a contratos públicos de las administraciones de la provincia. Ello, pese a las convicciones de Ángel Luis García, que defiende, según las conclusiones de la Udef, «que lo haga la gente de la zona, pero para que sean ellos los que ganen».