Lo único que les queda, y que ya casi habían dado también por perdido, es fecha para el juicio que sentará en el banquillo de los acusados a los dos administradores de la citada empresa (Enrique D.S. y Rafael S.S.), para los que el fiscal solicita seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida.
Un total de 21 afectados interpusieron denuncia por vía penal allá por septiembre de 2008 una vez que asumieron que habían perdido el piso y sus ahorros. Sobre el edificio pesaba una orden de embargo y los administradores de la empresa se habían esfumado. «Una estafa en toda regla», comenta uno de los afectados. «Al principio, uno de los administradores al menos dio la cara –que el otro, que es el de León, ni siquiera eso– y justificaba los retrasos en que les habían denegado la cédula de la habitabilidad. Pero es que luego nos enteramos de que no habían pagado ni un sólo euro a la entidad bancaria que les había concedido un préstamo de 9.523.000 euros para la adquisición del solar y la edificación del inmueble, que no habían pagado a buena parte de los que intervinieron en el proceso de construcción, que habían puesto el edificio como aval para pedir otro crédito a otra entidad para otra empresa de la que también eran administradores y que tampoco abonaron...».
Así las cosas, los compradores, que habían aportado a través de sus contratos de arras alrededor de 11 millones de euros, empezaron a movilizarse. «Date cuenta que había casos de gente que incluso había amueblado ya la cocina, había puesto los armarios...o sea que no es sólo el dinero que habían pagado con el contrato de arras, si no lo que habían invertido ya en la casa, y que no pudieron recuperar porque un buen día se ejecutó la orden de embargo por parte del banco», explican.
La sensación de estafa se había convertido en una realidad para los compradores de estas viviendas que comenzaron a emprender acciones. Algunos dieron por perdido aquel dinero que habían adelantado y acabaron comprando la casa a la entidad bancaria que había embargado a la constructora, otros recurrieron a la vía civil –con más o menos éxito– y una buena parte, más de una veintena de afectados, se unieron para exigir responsabilidades penales a los dos empresarios. Y aunque lo cierto es que durante años han ido perdiendo la esperanza, pues la instrucción se iba dilatando y ha sido fundamental, destacan, la labor de su abogado que ha trabajo muy duro para evitar que todo este caso prescribiera, a día de hoy por fin ven un luz al final del túnel, «al menos tendrán que dar explicaciones ante la Justicia».
El juicio, en octubre
El juicio está señalado para los días 23 y 24 de octubre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León. El abogado que les representa, Jorge Acero, apunta que, a día de hoy, los ya acusados todavía no han aclarado dónde han ido a parar los casi 11 millones percibidos por los compradores. De este modo, la acusación particular solicita para cada uno de estos dos empresarios seis años de cárcel por cada delito de estafa y seis más por cada delito de apropiación indebida, además de 530.307,72 euros en concepto de responsabilidad civil. El fiscal, por su parte, pide seis años de prisión para cada uno por un presunto delito de apropiación indebida.Por su parte, las defensas solicitan la libre absolución de los acusados que ya durante la fase de instrucción se dijeron insolventes.