La Diputación necesita fórmulas para agilizar la contratación

El pleno de la Diputación de León ha dado luz verde a las obras de la segunda fase del Plan Provincial de Cooperación Municipal. Con el voto favorable de todos los diputados, la resolución ha salido adelante y son 160 los ayuntamientos que ya tienen aprobadas las obras. Sin embargo, será necesario un tercer pleno para aprobar las obras solicitadas por el resto de ayuntamientos, hasta 208, que el presidente, Juan Martínez Majo, avanzó que podría celebrarse el día 24. Es decir, la institución provincial requiere tres plenos para que todos los ayuntamientos beneficiarios puedan comenzar la contratación de las obras, circunstancia que da cuenta de la compleja tramitación administrativa y que explica en parte que el remanente de 135 millones de euros —prácticamente el montante del presupuesto anual— que espera su destino en el banco.

La cuestión ha trabado la sesión plenaria. Pese a la unanimidad en la necesidad de buscar fórmulas que agilicen la tramitación para que los fondos lleguen a los pueblos, las posibles soluciones son distintas. El presidente, Juan Martínez Majo, apunta, por una parte, un posible cambio del término remanentes por “obras pendientes de ejecutar”, y por otra, la posibilidad de realizar planes incluso plurianuales. El propio interventor participó en el debate para explicar que resulta prácticamente imposible ejecutar el presupuesto en el año y cifró en un 65% la media de ejecución, con un 35% que se iría arrastrando ejercicio a ejercicio. “El remanente líquido de tesorería será siempre positivo”, concluyó el funcionario.

Es destacable, como confirmó el diputado de Hacienda, Lupicinio Rodrigo, que un problema con una empresa ha provocado que esté sin ejecutar una obra de La Bañeza, del 2015. A pesar de los retrasos los compromisos son firmes y, como apuntó el presidente “que quede claro que el dinero no sobra”.

Somos víctimas de nuestras propias leyes Por su parte, el diputado de UPL, Matías Llorente, señaló que “es difícil justificar social y económicamente” la existencia de los remanentes. Para solucionar esta situación Llorente apuntó la posibilidad de que el dinero que corresponda a cada ayuntamiento o junta vecinal se transfiera directamente y sean dichas entidades quienes se encarguen directamente de la contratación y posterior justificación. Uno de los trámites más criticado es el informe técnico previo a la aprobación de las obras, imprescindible para comenzar el proceso y, según apuntó Llorente, se demora más de lo esperado. “Somos víctimas de nuestras propias leyes”, se escuchó en el pleno.

El equipo de Gobierno no dio respuesta a esta propuesta informal, que el diputado de Coalición por el Bierzo (CB), Pedro Muñoz, apuntó que sería un asunto de interés para ser tratado en la Junta de Portavoces. Por el momento, en una Diputación saneada financieramente la fórmula que agilice la ejecución de los fondos de la Diputación para beneficiar a los pueblos ya está sobre la mesa.