Las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia a mediados del mes de enero. A partir de entonces, los ayuntamientos tendrán un plazo de 15 días hábiles para poder solicitar el número de plantas que deseen en sus municipios. El objetivo es que «a comienzos de febrero», según indican desde la institución provincial, se hayan recibido las peticiones municipales y tener todas las instalaciones ejecutadas antes del próximo 30 noviembre.
«Queremos dar una solución a los ayuntamientos para preservar el medio ambiente evitando la proliferación de escombreras con los residuos que se generan en las pequeñas construcciones y demoliciones», remarca el presidente de la Diputación a través de una nota de prensa en la que recuerda que, en el año 2018, la institución provincial cuenta en el presupuesto con una dotación de 3,92 millones de euros para ejecutar este plan previsto inicialmente para 2017.
Este plan, dotado en 10 millones de euros en tres años, se enmarca dentro del convenio que la Diputación de León firmará «a lo largo de enero» con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que se encargará del sellado y restauración de las escombreras existentes, tal y como aprobó recientemente el Consejo de Gobierno de la Junta.
La Diputación de León aportará el 90% del presupuesto total de ejecución, hasta un máximo de 10.000 euros, por lo que los ayuntamientos tendrán que sufragar el 10% restante.
Una de las condiciones que se exigen a los ayuntamientos es que el punto de tratamiento de residuos esté ubicado «en un lugar viable urbanísticamente», al tiempo que se establecen unas condiciones mínimas que debe reunir, entre otros, el espacio: superficie de 130 metros cuadrados para ubicación de los contenedores; una valla perimetral; una puerta de acceso de vehículos con 5 metros de anchura; así como un cartel de normas para el uso de la instalación.
250 peticiones
La institución provincial ya remitió hace unos meses una carta a todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en el que se manifestaba su compromiso de dar una solución a la gestión de residuos. «A esta primera carta, que puede servir como encuesta inicial, respondieron algo más de 130 ayuntamientos que manifestaron la necesidad de poner en marcha 251 plantas de transferencia», enfatizó Juan Martínez Majo.
«También colaboraremos con los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia, en cómo gestionar estas plantas de transferencia para que los residuos tengan la valorización adecuada a través de los gestores autorizados», asegura el presidente.
Los ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar un anticipo del 100% de la ayuda.
A través de Provincial de Residuos Inertes, la tarea de la Diputación consistirá en construir pequeños centros de recogida de escombros en todos los pueblos que lo soliciten a través de sus ayuntamientos. Recintos sencillos –una alambrera, una puerta y hormigón– que costarían entre 8.000 y 10.000 euros, según aseguró Majo a mediados de diciembre de 2016.