La deriva jurídica de Diputación cuadruplica el gasto final para las arcas provinciales

Después del pasado reciente de la Diputación Provincial de León, que tiene todos los ingredientes para un culebrón televisivo de éxito, podría resultar comprensible que todos los procedimientos administrativos se tengan que realizar con mucha cautela y con todas las precauciones legales por parte de políticos, técnicos y funcionarios. Para lo que es más difícil encontrar una explicación es para entender que la Diputación se muestre tan reticente a cumplir las sentencias que condenan a la institución provincial, embarcándose en una caótica batalla que ha disparado el coste por litigiosidad hasta límites desorbitados.

Llegan ahora las condenas y el actual equipo de Gobierno no las afronta con los remanentes de las arcas provinciales, sino que se afana en recurrirlo todo Muchos de los juicios de los que ahora están llegando sentencias se originan en el mandato de la fallecida Isabel Carrasco, que por un lado hizo que creciera exponencialmente del número de frentes judiciales de Diputación y, por otro, con su gestión consiguió que la institución estuviera económicamente saneada. Llegan ahora las condenas y el actual equipo de Gobierno no las afronta con los remanentes de las arcas provinciales, sino que se afana en recurrirlo todo, argumentando las más de las veces los reparos del interventor (designado por el propio equipo de Gobierno) y desoyendo en muchas de las ocasiones la opinión tanto de sus asesores jurídicos como del resto de partidos, disparando el gasto para todos los leoneses. El rosario de sentencias condenatorias, los vaivenes en las decisiones tanto políticas como administrativas, han provocado, incluso, que el habitual abogado de la Diputación decidiera apartarse de la deriva jurídica en que se ha sumido la institución provincial.

Buen ejemplo de ello es lo que ocurrió con la política publicitaria, en la que Carrasco se empeñó en apartar a determinados medios de comunicación que ella consideraba críticos con su gestión, alguno de los cuales llevó el caso a los tribunales y obtuvo el respaldo de la justicia. En lugar de asumir la primera sentencia o intentar llegar a acuerdos, la política jurídica del actual equipo de Gobierno de la Diputación fue recurrir a las más altas instancias judiciales, consiguiendo la ratificación de la condena y disparando el coste tanto de representación legal como de la indemnización final.

Pero los dos juicios más importantes económicamente cuyas consecuencias tiene que afrontar la Diputación son el de la ayuda a domicilio y el de la Fundación Sierra Pambley. En ambos casos, el actual equipo de gobierno encabezado por Juan Martínez Majo obtuvo el apoyo de todos los grupos políticos de la oposición para intentar llegar a acuerdos que minimizasen el gasto para las arcas provinciales. En el caso de la ayuda a domicilio, incluso se alcanzaron acuerdos previos que hubieran supuesto menos de una cuarta parte de la cantidad que ahora tiene que pagar la Diputación por sentencia del Juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de León a Carflor,indemnización que ha pasado a rondar los cuatro millones de euros. Carflor denunció que hubiera resultado adjudicataria del contrato de ayuda a domicilio en 2013, pero el proceso de adjudicación fue interrumpido de forma irregular, según han reconocido los tribunales, motivo por el que ahora la Diputación tiene que indemnizar en un periodo máximo de 20 días a la empresa leonesa, en una cantidad cifrada por el juzgado en un auto del pasado 5 de julio. El coste del posible recurso podría engordar el coste para la Diputación en otros 100.000 euros, además de los intereses por el retraso en la ejecución de la sentencia.

Algo similar ocurre con el litigio que mantienen la Fundación Sierra Pambley y la Diputación, por el uso social que se puso como condición para la venta de 137 hectáreas en el Monte San Isidro, uso social que sólo se lleva a cabo de forma relativa y parcial y por el que la institución provincial previsiblemente tendrá que afrontar otra indemnización millonaria tras el juicio que se celebrará en septiembre. Como ocurre en el caso de la ayuda a domicilio, un acuerdo extrajudicial hubiera acortado los plazos y el coste para las arcas provinciales, según reconocen fuentes de la propia fundación, que llegaron a paralizar la demanda civil ante la anunciada disposición a negociar por parte de Diputación, pero que han vuelto a retomar ante los vaivenes del equipo de Martínez Majo. Peritos de la Diputación cifraron en algo menos de 6 millones el coste de esos terrenos, y los peritos de la fundación en más de 7. Mientras tanto, el valor sigue aumentando y la indemnización final se disparará.

Sonéstos los dos casos pendientes más importantes económicamente, pero la deriva jurídica de la Diputación se extiende a asuntos como el aparcamiento de Santa Nonia, por no entrar en la peculiar política laboral de la institución que también sigue elevando el gasto de las arcas provinciales.