Unas directrices en las que las comunidades autónomas tendrán cierto margen de maniobra, por lo que habrá que esperar a que comience el próximo curso, o el 2021/2022 puesto que el tiempo no juega a su favor, para ver cómo la Consejería de Educación lleva a la práctica la nueva ley. En líneas generales, el profesorado y las Ampas aplauden la eliminación de los itinerarios y las modificaciones de cara a la escuela concertada. Sin embargo, echan en falta una mayor regulación de la profesión docente y muestran sus dudas sobre los cambios en el sistema de promoción de cursos y obtención de títulos.
¿Cuándo repetirá un alumno?
Respecto a este último punto, la 'ley Celaá' plantea que con más de dos asignaturas suspensas se pueda pasar de curso en la ESO y que el título de Bachillerato pueda ser expedido con una materia sin aprobar. "Nos parece descabellado que alguien se puede titular en Bachillerato con asignaturas suspensas. Es fruto de la improvisación", indica la representante de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe) en León, Manuela Diez.
Una línea que coincide con la del portavoz de educación de CSIF en la provincia, Javier Fernández, que también considera que "se debe aprobar todo". Por su parte, desde la Federación Leonesa de Ampas (Felampa) consideran que hay otros problemas que subyacen detrás de las altas tasas de repetición, como los elevados ratios de alumnos por clase, y son más condescendientes con los cambios en el sistema de promoción. "Quizá hay cierto alumnado que tiene que pasar con dos suspensas porque no se le ha prestado toda la atención", plantea Arsenio Martínez, presidente de Felampa.
'Palos' a Religión y la concertada
En cuanto a la concertada, habrá cambios en el sistema de admisión al eliminar la mención de la "demanda social" de la Lomce. "Nos parece bien siempre y cuando se persiga eliminar esa segregación por razones socioeconómicas y los centros 'guetos'", expresan desde CSIF.
Desde Felampa también ponen en valor esa mayor diversidad, mientras que UGT León pide más "equilibrio". "No se puede consentir que haya un centro ‘gueto’ y justo al lado uno concertado solo con el alumnado que consideren adecuado", plantea Cristina Espinosa de UGT.
Por su parte, desde Escuelas Católicas muestran su "preocupación por el menoscabo a la capacidad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos". Del mismo modo, su secretario autonómico, Leandro Roldán, considera que la solución a estos centros 'gueto' no pasa porque la Administración imponga dónde escolarizar a los alumnos.
La asignatura de Religión pierde peso en el currículum y los alumnos que decidan no cursarla no estarán obligados a matricularse en alguna 'asignatura espejo'. Arsenio Martínez, como portavoz de los padres leoneses, apunta a ocupar el hueco que deja en los horarios con «conversaciones bilingües» para mejorar las competencias en otros idiomas. Por su parte, desde Escuelas Católicas lamentan que "se pueda degradar el estatus" de la materia, a pesar de ser elegida "mayoritariamente" por los padres, y piden que Religión sea "computable como cualquier otra".
Otro de los cambios de la 'ley Celaá' implica la eliminación de los itinerarios y de los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), cursados en casos excepcionales por alumnos con deficiencias académicas en Secundaria, para recuperar la 'diversificación' de la ley educativa de 2006. "En esto se vuelve a la LOE y nos parece bien porque el PMAR era un fracaso ya que en el cuarto curso de la Secundaria se volvía al sistema ordinario", apunta Javier Fernández de CSIF.
Las peticiones
Otras novedades que esta octava ley educativa incluye son la mayor autonomía de los centros en la lucha contra el acoso escolar, clases de inglés desde Infantil o aumentar las competencias digitales. A pesar de ello, también hay ausencias como una "Ley de función pública docente", que los claustros puedan elegir la dirección del centro o, como reivindican desde UGT y CSIF, elevar la inversión educativa hasta el 7 por ciento del PIB en cinco años.
No obstante, la gran petición de la comunidad educativa de León continúa siendo el consenso. "Queremos que esta ley sea de consenso y no se haga solo con cuatro técnicos desde una oficina. Tiene que haber partidos políticos pero también profesores, padres y alumnos que somos los que estamos a pie de calle", reivindica Espinosa.
Un consenso que tiene como tierra prometida el tantas veces reclamado pacto de Estado por la Educación. "Lo ideal" para cambiar con el uso de la enseñanza "como arma política" y evitar los "vaivenes" legislativos que sacuden los pupitres leoneses cada vez que un nuevo inquilino se instala en La Moncloa.