La chanza y la ira de los hipócritas

Se declara políglota, incluso buceador en el idioma de los sioux norteamericanos, con gran querencia, para la holganza, hacia una casa con corral heredados de su madre en el pueblo soriano de Cañameque: su nombre es Aitor Esteban Bravo. Este destacado político, portavoz del PNV, al que gusta sonreír para las fotos ante los leones del Congreso, un día antes de la aprobación por sus señorías de un nuevo privilegio para las arcas de las Vascongadas, la tarde del 22 pasado, fue entrevistado en el programa de Julia Otero, con una retahíla de preguntas e inmediatas respuestas. Como «¿España es…?»; su respuesta: «El vecino del sur». O esta: «¿Si no fuera español…?»; contestación: «Es que no soy…, es que no soy». El 23, pues, la mayoría de los diputados nacionales votaron a favor de un cupo insolidario, es decir, de resarcir y minorar aún más la aportación que la hacienda vasca ha de transferir al Estado por las prestaciones que este le otorga. Consumado por una mayoría de diputados este agravio para con la mayoría de los españoles, el señor Aitor Esteban sonreía de nuevo; pero ahora era la suya una risa de disimulada chanza, propia de un beneficiado no español.

Lo que debería ser aún encendida llama, ha finalizado en el rescoldo de unas brasas. En España sucedía, y ahora con mayor intensidad, eso: que se levanta un fuego por aquí, otro por allá, y los políticos bomberos acuden a sofocarlo. Cuando están seguros de que ha quedado en estado latente recogen las mangueras y no se plantean su total extinción, y aún menos las causas que lo han originado. Y si por un azar, como en esta ocasión, algún servidor del común delata la marrullería para su aplacamiento, entonces le llueven los improperios. Las causas por las que los políticos no cumplen como verdaderos profesionales su función pública de bomberos las encubren con palabras vanas. Así lo ha hecho Montoro, con embaucamiento o mordacidad, a la espera de recibir de Aitor y otros cuatro respaldo para los presupuestos de 2018; los socialistas, para no causar descontento y problemas a sus compañeros vascos; los separatistas, para sembrar cizaña dentro de los dos grandes partidos nacionales; y por supuesto, los podemitas, con el fin de agitar cualquier charco que embadurne nuestra Constitución. Cierto es que esta dádiva respecto al cupo vasco es un hecho más en la dilatada historia de despropósitos que han jalonado nuestra gobernanza democrática.

En esta danza del fuego diaria, otro asunto, en aras a comprobar si se daña en un territorio de la Nación un principio básico como es la educación, ha sido motivo de discusión en el Parlamento. Permítanme los lectores recordarles cómo ponía en duda el 10 de junio pasado, en el artículo ‘A la espera’, la escasa confianza de que el Gobierno, tal y como se comprometió, nos diese a conocer el resultado de la Alta Inspección respecto al adoctrinamiento y manipulación histórica de diversos manuales escolares en Cataluña. Consumada la vulneración de nuestra Constitución con la aprobación en aquel parlamento de la secesión, escribí otro artículo el 7 de octubre, bajo el título ‘Profesores indignos’, para denunciar la presumible humillación sufrida por niños, hijos de guardias civiles, y de otros, en las aulas, por parte de algunos docentes catalanes. Como han podido comprobar, ni antes de la aplicación constitucional del 155, ni con posterioridad, nada hemos vuelto a saber, ni en los medios apenas a recordar, de tan importantes asuntos.

Puede ser cuestionado o no el planteamiento, por parte de un grupo político, de presentar una moción, hace diez días en el Congreso, para solicitar que la Alta Inspección, a través de una agencia independiente, indague sobre la situación de adoctrinamiento en los centros docentes catalanes. Pero ante esta nueva llamarada, que ha encendido la lengua de los portavoces secesionistas y podemitas, tal cual fieras enjauladas, lo que procedía en otros portavoces no es escurrirse, sino proponer una alternativa que diera satisfacción a un propósito tan loable. Dicho de otra manera, los medios para saber, fehacientemente, hasta qué punto se han cumplido los ‘turbios’ propósitos de la Generalidad en esta área, establecidos ya hace casi tres decenios. Nuestros parlamentarios ni siquiera se comprometieron para que la Alta Inspección del Estado fuera dotada de unas facultades concretas con que ejercer su función en los centros docentes.

El agravio económico para con los demás españoles con un nuevo beneficio otorgado al gobierno vasco, la gestión de la educación orientada en Cataluña con propósitos nacionalistas, durante lustros, son dos temas candentes, dos llamaradas que nuestros políticos bomberos no abrigan en su ánimo el extinguir. Antes bien, cuantos más fuegos, menos consideran llegar a la raíz que los provoca, procuran amainarlos, algunos con ira, en todo caso la mayoría con gran hipocresía. No obstante, a mayor número de incendios mejor conoceremos los ciudadanos nuestros verdaderos problemas, cómo no los afrontan y los vienen ocultando; y podremos reivindicar, con nuestra opinión y voto, un verdadero compromiso para con nuestra maltratada Nación.