La causa del tráfico de armas con un guardia civil leonés implicado ya suma 11.000 folios

Hace casi un año que están en proceso de catalogación de las 36.000 balas y cartuchos y las armas de diferente tipo halladas en la operación

I.H.
09/06/2017
 Actualizado a 04/09/2019
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La causa en la que se hallan imputadas más de una decena de personas, entre ellas un coronel de la Guardia Civil destinado en León, por formar parte de una red de venta de armas a la extrema derecha, cobrar deudas con violencia y asesorar a delincuentes en su fuga sigue a la espera de que concluya el informe de balística que se lleva realizando casi un año. El sumario, que suma ya alrededor de 11.000 folios, se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares completamente bloqueado por este trámite.

Según fuentes judiciales, se trata de un informe muy laborioso ya que hay que reseñar cerca de 36.000 piezas de convvición entre balas y cartuchos, además de armas de diferente tipo y calibre, y no esperan que la causa pueda avanzar, al menos, hasta después del verano.

El coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, conocido en su círculo como Rudolf y fuera de él como ‘el nazi’, fue detenido el 25 de mayo de 2015 en Madrid, aunque su residencia estaba en el acuartelamiento leonés, donde estaba destinado en comisión de servicio. Se le acusa de ser el ‘número dos’ de una presunta trama de tráfico de armamento en el marco de la cual se producían otras tres detenciones en la provincia de León, a dos militares y un civil. El arsenal de armas y munición –que al parecer custodiaban en diversos trasteros de alquiler en Madrid– lo habrían ido formando con material suministrado principalmente por un subteniente del Ejército de Tierra en la reserva que, como Rodolfo, pasó diez meses en prisión preventiva tras las detenciones.

Al coronel se le presuponen delitos como organización criminal, tráfico y depósito de armas y municiones, tenencia de explosivos y riesgo provocado, descubrimiento y revelación de secretos, extorsión, falsificación de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros.
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