La Audiencia insta a Toxicología a analizar las últimas pruebas del crimen de Nava

La Audiencia Provincial Sección Número 3 de León emitió un auto el pasado 8 de enero por el cual estima el recurso de apelación interpuesto por la familia de Rocío Fernández Ameijeiras, la joven asesinada en Navatejera hace 16 años, con el que se insta a reabrir las actuaciones para continuar con el procedimiento penal. Se permite así seguir con la esperanza para que se encuentre al culpable de este crimen, ya que se requiere al Instituto Nacional de Toxicología a que realice el estudio de los pelos con microscopía electrónica así como su ADN y su cotejo en ambos casos con los del investigado como supuesto autor de los hechos, tal y como habían informado los doctores Frontela y Herrero. Estas pruebas están ya en la sede del organismo público, en Madrid.

Hay que recordar que estos pelos fueron hallados en el cadáver de la joven y, según cree la familia, conducen al principal acusado, el novio de la joven, M.M.A., presunto padre del bebé que esperaba en el momento de ser asesinada. Los restos se encontraron a principios de junio de 2005, solo unos días después de que se ausentara de su casa.

La joven había quedado con su pareja, el principal sospechoso, el 12 de mayo de 2005, y desde ese mismo día, sus padres recibieron mensajes telefónicos supuestamente de Rocío, en los que le decía que se iba a Madrid y que había encontrado trabajo, pero también que el presunto autor de los hechos no era el padre y que ya no estaba con él. Su cuerpo fue encontrado el 7 de junio en un paraje de Navatejera por unos viandantes en avanzado estado de putrefacción, aunque el teléfono móvil desde el que se enviaban esos mensajes no llegó a aparecer nunca.

Después de un largo proceso judicial, todo estuvo a punto de detenerse cuando la Audiencia Provincial archivó el asunto el 30 de septiembre. Pero nada más lejos de la realidad, como especifica la madre de la joven, Florinda Ameijeiras, puesto que un nuevo auto del 12 de noviembre estimaba el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte acusadora a la decisión de la Audiencia, argumentando que el magistrado ponente de la sala que adoptó esta decisión incurría en parcialidad por haber participado en las fases previas de la instrucción.

Se cumple así el objetivo que perseguía el abogado de la familia y que ya había incluido en el escrito del recurso:acometer «el estudio con microscopia electrónica de los pelos, así como realizar el ADN en los pelos encontrados en la ropa». «Ello no garantiza el éxito, tampoco excluye que pudiera haberlo; sin embargo, de no efectuarse, siempre quedará el remordimiento de no haber puesto todos los medios para intentar identificar al autor», recalcaba la acusación en la apelación en la que se pedía retomar esta investigación.

«Agotar la investigación es un derecho de la fallecida, de su familia y una obligación de la Justicia», se detallaba ya en ese escrito, que instaba así a continuar con el proceso mediante estas últimas pruebas con una nueva sala, después de que la Audiencia considerara que no había habido imparcialidad al archivar el proceso, ya que el anterior magistrado ponente había formado parte de la instrucción.