Urbaser había presentado su propuesta para llevar ese servicio, que salía a licitación por 17 años más tres de prórroga y con un presupuesto de 122 millones durante el anterior gobierno bipartito, presidido por Samuel Folgueral, y que además, por primera vez, unificaba tres servicios, el de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, RSU, el de limpieza viaria y el de mantenimiento de parques y jardines. En ese momento perdió el concurso a favor de Fomento Construcciones y Contratas, aunque procedió a denunciar irregularidades en el pliego de condiciones que el TSJ reconoció.
La sentencia abría la puerta a que Urbaser cogiera el servicio de manera directa, pero la regidora no entendió ese dictamen de esa manera y, desde hace tres años, la situación se ha ido complicando hasta el punto de que Urbaser ha solicitado al alto tribunal la ejecución de la sentencia y, según la regidora, que se le amoneste a la propia alcaldesa con una multa de 150 euros diarios hasta que se resuelva. Y es que la empresa no está accediendo a dar el servicio que, en este momento, no está en manos de nadie, puesto que el Ayuntamiento decidió resolver el contrato con FCC tras la sentencia, aunque esa empresa sigue llevándolo.
Desde entonces, hace tres años, la tramitación ha sido compleja. Tras reunirse la mesa de contratación, presidida por el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, la decisión no quedó clara, puesto que los criterios técnicos y jurídicos apostaron por vertientes distintas.
Así las cosas se solicitó incidente de ejecución con el fin de aclarar la manera de resolver la sentencia, pero el tribunal no solo insistió en su dictamen, sino que dio un tirón de orejas al equipo de gobierno por no haber resuelto. Más tarde se ha procedido a solicitar un estudio de una firma externa, que tampoco dilucidó una salida única al asunto y marcó la posibilidad de recuperar el contrato justificando que este es de “interés público”. Tras costear ese documento, que supuso un gasto de unos 6.000 euros para las arcas municipales, se llevó a la comisión de Medio Ambiente, liderada por Roberto Mendo las propuestas.
Mendo se quedaba con el dictamen de la mesa de contratación, ofrecer el servicio a Urbaser, pero, en medio de la reunión, otro concejal popular, Ricardo Miranda y la regidora, participaron de ella con otra posibilidad, la de buscar ese “interés público” para recuperar el contrato. Eso hizo que estallara la duda sobre la unidad en el equipo de gobierno, que se dejó ver en el pleno al que se llevó la petición de informes técnicos, jurídicos y económicos que avalen esa propuesta defendida por Miranda, cuando Mendo rompió la disciplina de voto del partido y se abstuvo en ese punto.
La alcaldesa aseguró que era un voto que conocían “es algo más formal que otra cosa”, restó importancia. Merayo dejó claro que su equipo, lejos de estar fragmentado y, aún con la dimisión de la concejala de Hacienda, Amparo Vidal caliente “estamos más unidos que nunca”, apostilló. Pero Vidal se fue aconsejando a sus compañeros que cerraran el problema de las basuras –ella era una de las defensoras de cumplir con la mesa de contratación como Mendo-.
La regidora justificó su postura de recuperar el contrato porque el actual “ha devenido en ilegal” con la nueva Ley de Contratos Públicos, ya que no cabe revisión de precios, no puede formularse por más de cinco años más cinco de prórroga, la mitad del contrato actual y no puede llevar tres servicios en uno. De todos modos, advirtió que “serán los técnicos los que decidan y haremos lo que ellos digan”, aseguró a la espera de los informes que se darán a conocer en el próximo pleno ordinario, el 29 de junio, previsiblemente.
Niega la multa
Pese a que el día 21, según apuntaban los concejales de la oposición en la sesión plenaria sobre el tema de las basuras, la regidora debería comenzar a abonar una multa de 150 euros al día por o cumplir con la sentencia, la regidora negó que ese castigo fuera firme “Urbaser lo ha pedido, pero no se ha dado” e incluso asegura que si se concediera podría recurrirlo.
Merayo aprovechó para ir en contra de la contrata “que está pasando los límites” dijo “no se puede amedrentar a los funcionarios por un lícito interés empresarial”, apuntó. Sí quiso dejar claro, como lo hizo en pleno, que su intención no es ir ni a favor ni en contra de una empresa “quiero lo mejor para los ciudadanos, nada más”, dijo.