"La actitud del ministro con la sentencia de La Manada ha sido cuanto menos imprudente"

Esta semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, participaba en León en el XII Encuentro de Jueces de Castilla y León, Asturias y Cantabria. Éste es su tercer mandato al frente del TSJ y, en este tiempo, asegura, se han hecho muchas cosas. «Yo llegué a un tribunal que estaba apuntalado el día de mi toma de posesión, literalmente apuntalado, la sala de vistas donde yo tomé posesión en el viejo edificio de Burgos estaba con puntales, porque tenían miedo a que se derrumbara por la afluencia de gente ese día; y de eso a lo que hay ahora yo creo que se ha mejorado bastante en todos los sentidos».

–¿Cómo ve de salud a la Justicia española?
–Pese a los ‘médicos’ que tiene, la salud de la Justicia es muy buena. Yo creo que los ‘médicos’, quienes se tienen que ocupar de diseñar una Justicia moderna, de prestarle los medios adecuados, se han ocupado poco de ella porque realmente yo creo que es la asignatura pendiente de la democracia. En el año 2001 se suscribió un Pacto de Estado por la Justicia, pero quedó convertido en letra muerta pocos años después. Tuvo algunas virtudes, como crear los juzgados mercantiles, pero poco más. Los políticos están poco concienciados de la importancia que tiene la Justicia, la Justicia es fundamental en un Estado de Derecho, en un Estado moderno, porque incluso el inversor extranjero, si la Justicia no funciona en un país, va a invertir en el de al lado, no va a arriesgar su capital, y de esto los políticos no se dan cuenta. Yo creo que deberían hacer una apuesta seria para que la Justicia en España fuera verdaderamente una Justicia del siglo XXI. Pese a ello, creo que la Justicia en España funciona muy bien, lo estamos viendo ahora, es junto con la Corona la institución que está respondiendo en un momento de crisis como el que estamos sufriendo, han sido los jueces los que están sacando a este país del problema del independentismo catalán.

–¿Da por perdida la batalla para el traspaso de competencias a la comunidad autónoma?
–Yo siempre digo que es irrelevante quién me preste los medios, me da igual que los preste el Ministerio de Justicia que una eventual Consejería de Justicia de la Junta, lo que quiero es que me presten los medios necesarios para trabajar. Si a nosotros y a otros cuatro territorios es el Ministerio el encargado de prestar los medios, que lo haga verdaderamente de manera seria. Yo pienso que las competencias en materia de Justicia nunca se deberían haber transferido a las comunidades autónomas, porque han sido utilizadas de manera torticera en algunos territorios, pero lo que quiero es que quien tiene sobre sí la responsabilidad de dotar de medios materiales y personales a la Justicia, que lo haga.

Somos el único colectivo que no podemos elegir a nuestros representantes–Tiempo atrás era más reivindicativo en este sentido...
–Sí, porque yo cuando tomé posesión verdaderamente entendía que debía haber un pie de igualdad con todos los territorios. Yo venía de un territorio, de Cataluña, donde tenían las competencias de Justicia y funcionaba muy bien; verdaderamente los órganos judiciales estaban dotados de los medios necesarios. Y yo pensé que era bueno que una administración más cercana fuera la encargada de dotarnos de material, pero hay que bregar con lo que se tiene y como la Junta de Castilla y León tiene absolutamente claro que no quiere asumir esas competencias, pues sería chocarse contra un muro el seguir reivindicándolas.

–¿Cuáles serían las necesidades de la Justicia en Castilla y León? Porque estamos viviendo últimamente no sólo protestas por parte de funcionarios de la Administración de Justicia, sino también de jueces y fiscales...
–Una cosa son las reivindicaciones retributivas y profesionales de un colectivo como es en este caso el que estamos manteniendo los jueces y los fiscales por las condiciones de trabajo que tenemos, porla pérdida de salario que padecimos en el pasado haciendo un sacrificio y un esfuerzo importante para colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que el país saliera de la crisis y que no hemos recuperado en ningún momento; y otra cosa son las reivindicaciones para que los medios necesarios se presten en tiempo y forma, para que los órganos judiciales se refuercen cuando se tienen que reforzar, para que los medios tecnológicos sean de última generación y no el material con el que estamos acostumbrados a trabajar. Estamos asistiendo al alumbramiento del ‘papel cero’ y del expediente digital, pero eso se tiene que hacer con una inversión importante y tiene que suponer una ventaja a la hora de trabajar y no un lastre como está suponiendo ahora.

–Un tema muy discutido, sobre todo en la calle en los últimos tiempos ante la proliferación de casos de corrupción, ¿existe independencia judicial?
–Absoluta. Yo estoy convencido que el juez, cuando juzga y hace ejecutar lo juzgado, que es el mandato constitucional que tiene asignado, es plenamente independiente, y tiene como norte únicamente el imperio de la ley, estoy absolutamente convencido. Otra cosa son las apariencias de contaminación política que en algunos órganos de gobierno del poder judicial existen, por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde los 20 vocales del consejo son designados por las fuerzas políticas y, en consecuencia, donde se pueden traducir las mayorías parlamentarias que existen.

–¿Ve necesaria una reforma?
–Absolutamente, la llevamos reivindicando desde 1985, cuando por una enmienda de última hora en el Senado del partido en el Gobierno entonces, cambió el sistema de elección de los vocales del CGPJ que establecía la Constitución y la Ley Orgánica de 1980, y determinó que no solo los 8 vocales que son juristas, sino también los 12 jueces fueran elegidos por el Congreso y por el Senado. Un sector reivindicamos que los 12 vocales de procedencia judicial los elija la carrera, somos el único colectivo que no podemos elegir a nuestros representantes. Yo tengo la certeza de que ninguna fuerza política quiere dar ese paso, por mucho que algunas lo hayan llevado de manera reiterada en su programa electoral o incluso en algún discurso de investidura de presidente.

–¿Y cómo se explica esa reticencia a reforma si en realidad no les sirve de nada como influencia?
–Es que además, aunque les sirviera, yo creo que los políticos deben de trabajar, deben de operar, sin la idea de querer domeñar al poder judicial, porque yo creo que un estado verdaderamente moderno es aquel en el que no solo existe una independencia de unos poderes hacia otros, sino una clara separación entre los tres poderes del estado.

–Otro asunto que afecta directamente al TSJ, el de los aforamientos, ¿está de acuerdo con este sistema de justicia ‘especial’ para los cargos? ¿No se utiliza a veces para dilatar procesos?
–No, yo creo que para dilatar un proceso no se utiliza, es más, los órganos encargados de conocer los casos de aforados no suelen estar tan saturados y la rapidez es mayor. Además, el aforado en realidad está perdiendo la posibilidad de una instancia, de un recurso, entonces yo creo que incluso es perjudicial para los propios aforados, y yo creo que hay muchísimas personas con el privilegio del aforamiento de manera injustificada. Creo que los aforamientos están justificados en algunos casos, en los menos, pero no en todos los que actualmente existen.

Creo que los aforamientos están justificados en algunos casos, en los menos, pero no en todos los que actualmente existen–¿Dónde pondría el límite?
–Vamos a ver, yo creo que el Gobierno, los miembros del Gobierno, deben de estar aforados, como es natural, quizá también los parlamentarios nacionales. O que tengan un aforamiento como tenemos los jueces y magistrados, que sí estamos sometidos en cuanto a enjuiciamiento a un tribunal superior a aquel en que nosotros prestamos servicio como cuestión lógica, pero solamente por hechos cometidos en el ejercicio de nuestro cargo, es decir, por el cohecho o por la prevaricación, pero no por cualquier delito. Yo creo que por cualquier delito, cualquier persona es un ciudadano más y debiera ir al juzgado de instrucción al que va cualquiera.

–¿Qué puede hacer la Justicia en la lucha contra la violencia de género?
–Llevamos muchos años peleando contra esta lacra en las fiscalías, en los juzgados, formando a jueces, fiscales, poniendo medios... más medios que quizá en otros juzgados y, sin embargo, no hemos sido capaces de acabar con este problema. Yo creo que el tema de violencia de género es un tema educacional que debiera tratar de combatirse desde la familia y desde la escuela.

–En León hemos tenido en los últimos años un elevado número de causas juzgadas por la ley del jurado, ¿considera adecuada esta fórmula?
–Es una institución que establece la Constitución, pero ya el legislador tuvo tantas reticencias que tardó casi 20 años en promulgar la ley reguladora de la institución. Y luego, desde 1994 hasta nuestros días, hemos visto que es una ley que presenta deficiencias y es una institución que, yo creo, es poco satisfactoria, porque en mi opinión cualquier actividad de la vida debe acometerla un profesional pues, en definitiva, el servicio que va a prestar es de mayor calidad y mucho más barato.

–Esa insatisfacción con la Ley del Jurado parace compartida por una buen número de jueces, fiscales... entonces, ¿por qué no se cambia?
–Hay un sector de la sociedad que cree abiertamente en esta institución pese a los reiterados fracasos históricos que ha tenido en España y que sigue apostando por el jurado, un es un sector de la sociedad que tiene fuerza en el país desde el punto de vista ideológico.

–La sentencia de La Manada ha generado una enorme contestación social, ¿cuál es su opinión respecto a la sentencia y respecto a la respuesta en la calle?
–Yo creo que la libertad de expresión es básica en un Estado de Derecho y que, por tanto, cualquier objeto y también cualquier resolución judicial puede ser sometida a la sana crítica de los ciudadanos, pero una cosa es la opinión y otra cosa es la descalificación. Nosotros hemos asistido a una descalificación importante no solo de la resolución judicial sino también de los magistrados que la han dictado, y eso es lo que no puede ser aceptable. En el caso que usted me propone se había dictado sentencia por parte de la sociedad y por parte de los medios de comunicación desde el mismo momento que sucedieron los hechos, y yo creo que los únicos que han podido valorar las pruebas, porque son los únicos que las han tenido a su disposición, son los jueces. Por lo tanto, yo creo que hay que aceptar la decisión de los mismos que, además, para garantía de todos, está sometida a los recursos oportunos, y en este caso, contra esta sentencia, va a caber un recurso de apelación que va a poder resolver el TSJ de Navarra y, posteriormente, un recurso de casación que va a resolver el Supremo.

–Quizá lo que más llama la atención es la ¿deslealtad? del ministro de Justicia...
Yo creo que la actitud del ministro ha sido, cuanto menos, imprudente. No alcanzamos a entender, ninguno, no solamente los jueces con los que yo he hablado, ni siquiera los ciudadanos, que un miembro de un poder del Estado como es el poder ejecutivo descalifique de esa manera, o siembre una sombra de duda, no solamente sobre una resolución judicial, sino sobre la persona que la ha dictado. No entiendo su manera de proceder en este caso, no alcanzamos a comprender la reacción, porque además en fechas posteriores a sus declaraciones volvió a incidir de una manera importante en las mismas pese a las críticas que recibió por parte de todo el mundo.

–No obstante, se ha abierto un debate, el de si es necesaria o no una reforma de la ley en materia de delitos contra la libertad sexual...
–La sentencia es plenamente ajustada a lo que recoge el Código Penal, otra cosa es que el legislador, en el año 94, haya cambiado la regulación de los delitos contra la libertad sexual, y lo que han hecho los jueces es lo que hacemos en todo caso, aplicar la ley en vigor. Yo creo que no es bueno el legislar a golpe de acontecimiento social, creo que la legislación para que sea mesurada ha de ser producto de una reflexión continuada en el tiempo, por lo tanto, todo lo que sea producto de una reacción ante algún suceso no es bueno.