IU denuncia la retención de tributos a Matallana por la "ineficacia" en la gestión

Argumentan que esta medida de Hacienda supone que el Consistorio "dejará de ingresar unos 25.000 euros al mes"

E. Niño
20/06/2021
 Actualizado a 20/06/2021
Ayuntamiento de Matallana. | E. N..
Ayuntamiento de Matallana. | E. N..
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Matallana de Torío ha emitido un comunicado de prensa en el que indican que el  estado de liquidación del presupuesto es el documento que permite al pleno y a los vecinos en general conocer sobre la gestión de los ingresos y de los gastos que el equipo de gobierno ha realizado durante todo el año, es por lo tanto un elemento esencial en la necesaria transparencia a la hora de gestionar el dinero público. Continúan indicando que los ayuntamientos de acuerdo con la normativa vigente están obligados a elaborar este estado antes del 1 de marzo del año siguiente al que se refiera, enviando una copia a la comunidad autónoma.

Explicado esto, manifiestan que «la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, ha dictado Resolución por la que declara la falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Matallana de Torío, de la obligación establecida en el Art. 36 de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la liquidación de los presupuestos del 2018 y 2019, pese al requerimiento enviado en su momento  por el citado organismo, y acuerda la retención de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, a partir de este mes de junio».

En este sentido, apuntan que «de lo que estamos hablando es de la asfixia económica del Ayuntamiento, las retenciones aludidas afectan a un tercio de los ingresos de la entidad local, el Ayuntamiento dejará de ingresar unos 25.000 euros al mes, por la dejadez de la secretaria Interventora y la ineficacia de un Equipo de Gobierno incompetente».

Desde Izquierda Unida exigen, en primer lugar «la apertura del correspondiente expediente por si hubiera lugar a responsabilidad en la actuación de la secretaria interventora, y en segundo lugar exigimos la dimisión del alcalde como máximo responsable».
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