Apuntan que, según el articulado del partido “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.
El caso se refiere a la contratación de personal que IU considera irregular “no es para nada agradable ver como desde las instituciones, la situación prominente de una alcaldesa o alcalde se utiliza para jugar con la necesidad de las personas dando contratos a dedo, con el único fin del rédito electoral cada cuatro años”. Lamentan que haya sido “una práctica habitual”.
Pero además apuntan que esta situación no se hubiera producido si se externalizan las contrataciones municipales “mediante una bolsa pública y rotativa de demanda de empleo, que se constituya mediante un sistema de baremación público en función de parámetros fiscales, económicos y sociales”. Además “consideramos un error y una falta de transparencia haber ocultado la información a nuestras vecinas y vecinos desde noviembre”.
Piden a Martínez que reflexione “ y no vaya a unas elecciones, sin ni tan siquiera explicar cuál es su situación judicial y, en caso de ser incompatible con estar al frente de una lista, actúe en consecuencia, puesto que los vecinos estarían votando a una candidatura liderada por una persona que podría no terminar ejerciendo su cargo”.
IU se suma a la crítica realizada por el PP, que, en todo momento quiso esquivar que la información salía de su parte, aunque finalmente fue su candidato, Andrés Pérez quien dio un paso al frente para recordar que ese procedimiento estaba abierto.
Ahora Pérez Marote acusa a la alcaldesa de no respetar el código ético de su partido y pide a la cúpula del PSOE que tome medidas. Exige la dimisión de la alcaldesa y que renuncie a ser candidata de nuevo «para no dañar la imagen del municipio», dice. «Quiere conservar el sillón en detrimento de la ética y por eso no puede estar en ninguna lista», apunta.
Martínez ve electoralismo
La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez lamenta que desde la oposición se le esté demandando información sobre la apertura de un juicio oral por presunta prevaricación administrativa, por la que había sido denunciada tras efectuar contrataciones municipales que el concejal de Ciudadanos, Andrés Marote, consideró irregulares en ese momento.
En noviembre se procedió a la apertura de juicio oral tras la denuncia del Ministerio Fiscal, aún sin fecha, por ese caso, pero sin posibilidad de recurso. La regidora asegura que su partido es conocedor de esa situación y que “el juicio podría salir dentro de dos o tres años”. Será ese momento el que determine su culpabilidad o inocencia y no ninguna investigación anterior que, por otro lado “tiene que ver con trabajadores municipales”, lamenta la regidora.
Sobre todo afea que este tema salga a los pocos días de unas elecciones municipales “es la única metralla que pueden sacar”, dice. Aunque la apertura de juicio se dio cuando se estaban elaborando las candidaturas y no se dejó fuera a la candidata, algo que la oposición considera que debía haber sido así en base al código ético del partido socialista. La regidora considera que la pretensión con la distribución de esta información es dañarle, ya que se ha esperado a ofrecerla a pocos días de las urnas “pero no tiene recorrido”, dijo.