Investigan un nexo del contrato del agua de San Andrés con la operación Pokemon

La Policía ve un "modus operandi similar" a los casos que se han procesado en la Audiencia Provincial de Lugo, que ya los ha remitido a la Audiencia Nacional

Sergio Jorge
27/04/2017
 Actualizado a 18/09/2019
La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo. | MAURICIO PEÑA
La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo. | MAURICIO PEÑA
El Juzgado de Instrucción número 5 de León está investigando una posible conexión de la ampliación del contrato del agua de San Andrés delRabanedo con la operación Pokemon, que se ha desarrollado en diferentes ayuntamientos de Galicia y Asturias y que ya ha procesado a varios alcaldes y cargos políticos de ambas comunidades en calidad de investigados.

Según ha podido saber este periódico, el Juzgado leonés ha pedido un informe tanto a la Policía como al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo para conocer si hay vinculaciones entre la trama gallega y la renovación del contrato en San Andrés, que fue denunciada en 2014 por la concejala de Izquierda Unida en San Andrés, Eloína Terrón.

El Juzgado gallego remitió al leonésa la Audiencia Nacional, ya que se ha inhibido en este caso y por tanto debe ser el tribunal con sede en Madrid el que responda al requerimiento formulado por la magistrada que estudia la implicación de la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, que ya declaró por este asunto el pasado 10 de junio y que en su alegato de defensa se refirió a un acuerdo entre la empresa, el edil del PAL-UL, Francisco Gómez, y el exalcalde del PP, Gregorio Chamorro.

Pero desde la Policía Nacional sí se ha respondido a la solicitud del Juzgado de Instrucción número 5 de León. En un informe que data del pasado 2 de febrero, la Dirección General de este Cuerpo aseguraba que "el Ayuntamiento [de San Andrés del Rabanedo] no es alguno de los hasta ahora implicados en la referida operación y la modificación del contrato así como las circunstancias que parecen rodearlo podrían apuntar a un modus operandi similar a alguno de los utilizados en la misma".

El Juzgado de Instrucción número 5 de León estudia si existe un delito de prevaricación administrativa
En este escrito, la Policía detalla que en el marco de esta operación se investigan "facturas falsas, facturas infladas, adjudicaciones de contratos o renovación de contratos; todo ello a cambio de enchufes de familiares y amigos en las empresas investigadas, viajes, dinero, patrocinios o regalos en especie".

También se destaca que las empresas investigadas son por un lado el Grupo Vendex y, por otro, la compañía Aquagest. Además, se recuerda que el Juzgado gallego se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional, "por lo que en estos momentos debe ser ese tribunal el encargado de dicha instrucción, salvo que el mismo no se considere competente para ello". Eso sí, reconoce que no hay ninguna investigación policial relacionada con la operación Pokemon en el municipio de San Andrés.

Hay que recordar que en la localidad del alfoz el caso se remonta al año 2010, cuando Gancedo amplió el contrato de este servicio por 15 años más a la empresa concesionaria, entonces Centaria y que fue luego absorbida por Aquagest (ahora Aquona), pese a que había informes con reparos del interventor, además de que el contrato expiraba en 2031, algo que finalmente se aprobó en un polémico pleno el 3 de septiembre y ratificado en una posterior junta de gobierno local. A cambio, el Ayuntamiento recibió dos millones de euros y condonó una deuda de la misma cantidad.

Por este caso están imputadas tanto la alcaldesa como tres ediles socialistas del año 2010
Una de las consecuencias de esta ampliación era que la tarifa del agua debía incrementarse un 79,4%, que no se ha materializado hasta el 1 de enero de este año, por lo que la diferencia generada en seis años ha supuesto un déficit con la compañía de más de siete millones de euros que se pagó el año pasado gracias a un fondo gubernamental para sufragar sentencias judiciales ya que la compañía lo había llevado ante el juez.

Las irregularidades detectadas en la ampliación del contrato motivaron una denuncia del concejal del PAL-UL, Francisco Gómez, ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo que fue finalmente archivada, pero el asunto fue retomado por Terrón, así como por el propio partido. De esta forma, lo presentaron ante la Fiscalía y, tras su investigación, lo elevó al Juzgado de Instrucción número 5 al haber indicios de delitos de prevaricación administrativa. Por ello, ya han declarado ante el juez tanto la alcaldesa como otras tres concejalas que entonces integraban su equipo de gobierno (Patricia Fernández, María Concepción Rodríguez Carús y Ana María Herrero), todas ellas en calidad de investigadas, figura judicial que sustituye a la antes conocida como imputada.
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