Inseguridad jurídica

Sobran los motivos para volver a algunas de las restricciones. La quinta ola no tiene la repercusión de las anteriores en las hospitalizaciones, que al fin y al cabo es lo que ha condicionado nuestra normalidad, pero sus números se elevan a tal nivel que la gravedad de la situación, por mucho que la vacunación avance y que, en el caso de la provincia de León, se ronde ya el 60% de la población con la pauta completa, es necesario tomar medidas que controlen la expansión del virus y sus variantes. El Consejo de Gobierno que ayer celebró la Junta de Castilla y León fue un buen ejemplo de la incertidumbre que ha generado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en todas las administraciones. Sólo las comunidades que acordaron restricciones como nuevos toques de queda antes de esa sentencia pueden seguir adelante con ellas, pues el resto saben que, en el caso de imponerlas, pese a que sea por necesidad, se las pueden tumbar. Es paradójico que se haya lanzado durante meses el mensaje de que este virus hay que pararlo desde lo colectivo y que la justicia se preocupe más del individuo y de sus libertades que del bien común.