Indultos, democracia y liberalismo

Si en algo se fundamentan las democracias más consolidadas, es en la separación de poderes y en la igualdad ante la Ley. Cuando una de esas dos patas cojea, la salud democrática de ese país empieza a dejar mucho que desear y se corre el riesgo de caer en autoritarismos de todo tipo. Que se lo digan a los opositores y periodistas cubanos que tienen que aguantar el latrocinio de sus gobernantes sin poder alzar la voz, porque aquellos a los que critican, son los mismos que les juzgan arbitrariamente y les privan de libertad.

Como si de una enfermedad se tratase, la falta de una democracia plena tiene distintos grados de gravedad y en países como España, aunque nos tengamos por una democracia madura, hay deficiencias que hacen que el sistema y la convivencia, en ocasiones, chirríen.

Una de esas deficiencias, nos la encontramos en la figura del indulto. El indulto es una medida de gracia por la cual el Gobierno, en el caso español, propone al Rey la reducción total o parcial de una condena firme, por razones de equidad, humanitarias o de rehabilitación. Si bien es cierto que la figura del indulto está muy extendida en el resto de países, no por frecuente le otorga una legitimidad democrática.

Solo hay que ver que la Ley que regula en España la gracia del indulto es de 1870 para entender su anacronismo en una democracia en el siglo XXI. La modificación a dicha ley en 1988, no hizo más que empeorarla e incrementar su arbitrariedad, ya que la concesión se realiza por Real Decreto sin que sea necesario motivarla.

En el fondo del asunto habría que reflexionar por qué un indulto parte de una decisión del Gobierno contra una decisión judicial, cuando esa justicia se basa en leyes aprobadas por nuestros representantes políticos, de manera que el Gobierno en la concesión de indultos actúa contra una decisión que emana de la sociedad, arrogándose una autoridad que no le compete, ya que el Gobierno no tiene el poder, sino que únicamente administra unas competencias que los ciudadanos le hemos ‘prestado’, de manera que el indulto debería venir, al menos, de nuestros representantes en el Congreso en forma de mayorías.

Todos los Gobiernos españoles han hecho uso y abuso de la figura del indulto. Felipe González concedió 5944 indultos, Aznar 5948, Zapatero 3381 y Rajoy 898. Sin embargo, hay indultos que son más mediáticos que otros y este año han saltado a las portadas de los periódicos el indulto a los golpistas catalanes y en esta semana, a Juana Rivas.

En el caso que nos ocupa actualmente de Juana, parece que este indulto, aunque parcial, sigue pecando de una gran arbitrariedad y nadie con mirada crítica se imaginaría que estuviésemos hablando de un caso similar, si en lugar de Juana, el interesado se llamase Juan, banalizando un delito tan grave como el de sustracción de menores.