Las familias aseguranestar "muy cansadas, desesperadas por lafalta de noticias" Los familiares de los afectados por el accidente vieron en este documento el último impulso para el cierre de este caso, el paso previo a la celebración de un juicio que hace años que esperan y que confían en que sirva para depurar responsabilidades sobre lo que ocurrióen el taller de explotación ubicado en la planta siete del macizo del mismo número del Pozo Emilio del Valle.
Al auto de la jueza le siguieron los distintos escritos de acusación, las reclamaciones que cada una de las partes hace y expone de forma previa al inicio el juicio. Sin embargo, este proceso no ha podido completarse siete meses después, a la espera, según fuentes judiciales, de que el Ministerio Fiscal emita su escrito de calificaciones. «El informe del fiscal, hasta la fecha, no está presentado o al menos no notificado a las partes personadas», subrayan. De esta forma, el procedimiento lleva meses parado y el juicio permanece todavía sin fecha. Una demora que no comprenden las familias, que aseguran estar «muy cansadas, desesperadas por la falta de noticias».
El procedimiento lleva varios meses parado yel juicio permanecetodavía sin fecha Recuerdan también que se trata de un caso que se remonta a 2013 y aunque comprenden la complejidad del asunto, lamentan que su cierre se esté retrasando tanto. «Tememos que de seguirse alargando va a llegar la Semana Santa, después las vacaciones de verano y 2018 va a acabar sin juicio», comentan. Además, pese a que son conscientes de que el juicio será un trámite «muy doloroso», advierten de que el «olvido», esa falta de avances, está suponiendo una «agonía» para ellas, que se sienten incapaces de poder pasar página.
También lamentan no tener noticias todavía de la documentación solicitada hace un año a través del Juzgado a La Vasco y que consiste en el libro de registro general del segundo relevo; el libro de la brigada de salvamento; las hojas de trabajo de los empleados de todos los relevos de la planta 7ª este desde el día 10-10-2013, fecha en que se inició la explotación, hasta el día del accidente, el 28-10-2013; el libro de registro de los vigilantes de seguridad; las comunicaciones, individualizadas por talleres, entre los relevos de los vigilantes de la planta 7ª este; y el libro de registro del delegado minero. «Lo normal es que toda esa documentación la hubiera recogido Minas cuando fueron a hacer la investigación porque consideramos que es muy importante para poder hacer un un informe que contenga todos los datos», apuntan.
"Fueron muchos los avisos y los indicios de riesgo que la mina iba dando a diario"
En su auto, la jueza recoge que José Antonio Blanco Barrio, Juan Carlos Pérez Hernández, Manuel Antonio Moure Fernández, Orlando González Fernández, Roberto Álvarez García y José Luis Arias Gutiérrez, que trabajaban como picadores, vigilantes y tuberos, fallecieron como consecuencia de «una invasión masiva de metano en el taller». Sus familias, excepto la del último –que renunció «al ejercicio de acciones civiles y penales al haber sido indemnizada»– toman parte en el procedimiento, al igual que varios de los trabajadores que resultaron lesionados en el accidente.Además, en el documento se detalla que «la dirección de la empresa, la dirección facultativa, y todo el personal dependiente de la misma, responsable en materia de seguridad y prevención de riesgos, estaban obligados a facilitar a los trabajadores las medidas de seguridad que hubieran evitado el accidente». Sin embargo –prosigue– no hicieron «nada para variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que nuevamente los trabajadores accedieran a diario a su puesto, pese a que se estaba trabajando en condiciones muy peligrosas, sin las adecuadas medidas de seguridad, poniendo en grave peligro la vida, salud e integridad física de los trabajadores».
También, incide en que «fueron muchos los avisos y los indicios de riesgo que la mina iba dando a diario sin que fueran tenidos en cuenta por los investigados dentro del ámbito propio de sus competencias y responsabilidades».
Unos hechos de los que se hace «responsables» a un total de 16 personas entre las que se encuentran el presidente y consejero delegado de la Sociedad, el vicepresidente y consejero delegado o el director general de la empresa.