Indignaciones

Creo en la función ejemplarizante del derecho penal, criticada y hasta proscrita en los ordenamientos jurídicos modernos en favor de una labor punitiva del Estado exclusivamente orientada hacia la reinserción. El bienestar que se siente cuando al final de un documental norteamericano sobre algún macabro criminal una ‘voz en off’ nos informa de que «actualmente cumple cadena perpetua sin posibilidad de remisión en la prisión de San Quintín» es para algunos una mera expresión de revanchismo que ni repara el delito ni contribuye al bien social, pero otros pensamos que la justicia retributiva, aquello de «el crimen se paga», es una exigencia más del Estado de Derecho, que disuade de la comisión de nuevos delitos y resarce y tranquiliza las víctimas. Lo que sucede es que en los sesudos debates que al respecto mantienen los estudiosos del Derecho raramente se utiliza el concepto ‘Justicia’, cuya invocación resulta casi pueril, y en absoluto se tiene en cuenta a las víctimas, a las que se suele considerar, con condescendiente desprecio, imbuidas de un afán de venganza muy humano pero del que el derecho penal debe huir. Y sucede también que todo el debate se corrompe cuando en él se mezcla la política, que es precisamente la que orienta la actuación de los más altos tribunales españoles desde que en 1985 Felipe González acabase con la independencia del poder judicial.

El trato que los Tribunales han dispensado a Iñaqui Urdangarín es, en este sentido, un nefasto error para la justicia española y para la institución monárquica, y la indignación general lógica, aunque parece haberse apagado pronto. Ahora bien, Urdangarín no ha matado a nadie, y su condena ni siquiera será firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, cuando es de esperar que ya no pueda evitar la cárcel con una fianza. ¿Dónde estaba la sed de justicia cuando Zapatero liberó a otro Iñaqui –de Juan Chaos– condenado en firme por 25 asesinatos para que fuese a pegarse la gran vida en Venezuela de igual forma que su tocayo en Suiza? ¿Dónde estaban los fabricantes de memes cuando Rajoy liberó al torturador Bolinaga para que se exhibiese recibiendo públicos homenajes en tabernas vascongadas? ¿Dónde se esconde la indignación cuando las víctimas protestan por los más de 300 crímenes de ETA que permanecen sin juzgar?

Los españoles debemos exigir que el derecho y la justicia vuelvan a ir de la mano, pero no deberíamos hacerlo permitiendo que la política guíe nuestras indignaciones con la misma facilidad con que orienta la actuación de algunos jueces.