Impuesto hipotecario

Todo el mundo tiene derecho a desdecirse... incluso el Tribunal Supremo. Ayer mismo lo hizo, o al menos ayer se supo que lo había hecho hace algunos días con una sentencia en la que cambia radicalmente su postura con respecto al cargo de los impuestos derivados de la formalización de una hipoteca. Se desdijo de una sentencia anterior emitida en febrero pasado y obliga a la banca a asumir todos los gastos hipotecarios, esto es, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentos. El motivo, según dicen los que más entienden de jurisprudencia, es que los magistrados querían evitar otro varapalo como el que le propinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a finales de diciembre de 2016 sobre cláusulas suelo. Decenas de miles de clientes tienen ahora la opción de recobrar dinero abonado a las entidades financieras al contraer una hipoteca. Son aquellos que suscribieron las hipotecas después de 2014, en principio, lo que en la provincia de León se traduce en 12.500 personas o entidades, y el coste de ese impuesto es superior a 18 millones de euros. Lo que en principio celebraban ayer algunos con júbilo como una victoria frente a los bancos tendrá que medirse con cautela, porque lo primero que ocurrió fue que algunos de los principales bancos de este país se desplomaron en bolsa, y todo ello puede redundar en un aumento del precio del dinero y en un estancamiento de la economía. Una noticia, a fin de cuentas, que a buen seguro que no va a dejar indiferente a nadie... salvo al que no tenga hipoteca, claro.