Así lo ha trasladado el director de i-DE en la Comunidad, Óscar Villanueva, al director general de Energía de la Junta, Alfonso Arroyo, en una reunión en la que presentó su plan de inversión para el próximo trienio, que eleva a 264 millones de euros en la Comunidad.
Este paquete tiene un triple objetivo: atender el crecimiento de la demanda -asociada a la electrificación del transporte y la climatización- y la producción, con más renovables y la generación distribuida; mejora de la resiliencia de la red eléctrica para afrontar los retos del cambio climático; y promover la modernización en los procesos sobre esta infraestructura de distribución eléctrica.
En el encuentro, ambos compartieron ideas sobre la necesidad de incrementar las inversiones en las infraestructuras de distribución eléctrica, con el fin de alcanzar los objetivos de la hoja de ruta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), eliminando las barreras de inversión allí donde estas sean oportunas y donde los agentes del sector tengan capacidad e intención de desarrollarlas.
En base a análisis y estudios, i-DE estima que en Castilla y León habría que incrementar un 84 por ciento las inversiones previstas en su plan inicial 2022-2024, hasta los 487 millones de euros. De esta forma, se contribuiría a impulsar la industria y el empleo asociado en la Comunidad, sin apenas coste para el ciudadano.
Asimismo, está alineado con la estrategia de Energía y Clima, aprobada por el Gobierno, que establece la necesidad de hacer inversiones muy superiores a las previstas para poder atender los objetivos asociados a la transición energética.
Las inversiones en redes de distribución generan cada año unos 30.000 empleos locales de alta cualificación técnica según la empresa. Además, indicó que sustenta una cadena de valor industrial con un 90 por ciento de suministradores locales, muchos de ellos pymes (fabricantes bienes de equipo, ingenierías, empresas de montaje, obra civil, logística, proveedores materias primas, aislantes o soldadura), distribuidos de forma capilar por el territorio.
En Castilla y León, i-DE gestiona más de 43.535 kilómetros de líneas de baja y media tensión y más de 6.400 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión. Asimismo, cuenta con 15.597 centros de transformación en servicio y 243 subestaciones primarias y secundarias. La compañía mantiene en la Comunidad un nivel de calidad de servicio por encima de la media nacional, con un TIEPI de 54,2 minutos a cierre de 2020.
En los últimos años, i-DE ha acometido un plan de digitalización de sus redes eléctricas que, en Castilla y León, ha convertido sus más de 1,5 millones de contadores y la infraestructura que lo soporta en inteligentes, incorporando capacidades de telegestión, supervisión y automatización.
Contribución
Estas inversiones en redes tendrían impacto directo en la economía de España, como refleja un estudio elaborado por Deloitte, con un "elevado peso" de mano de obra nacional, y llevarían asociados unos 40.000 puestos de trabajo anuales de calidad y alta cualificación durante el periodo 2020-2023.
Además, impulsarían la fabricación nacional de equipos de redes, de software, aplicaciones informáticas y sistemas de comunicaciones avanzados, sectores que cuentan en el país con una industria competitiva.
También, se estiman otros 35.000 empleos anuales adicionales asociados a las inversiones habilitadas por la distribución eléctrica. Se trata de empleo de alto impacto en las economías locales, por la capilaridad de las actividades involucradas en las inversiones habilitadas, como son la bomba de calor: venta e instalación de equipos; infraestructura de recarga: fabricación e instalación de equipos; comercialización de vehículos, y renovables: fabricación, construcción y venta de energía renovables.
Más inversiones
i-DE explicó que opera un sistema de distribución de 270.000 kilómetros de líneas eléctricas, con presencia en diez comunidades, que atienden a una población de 17 millones. Para reactivar la recuperación económica y el empleo y transformar el sistema productivo, Iberdrola despliega un plan de inversión de 75.000 millones de euros a 2025.
En todo el país, el plan prevé inversiones durante ese período de 14.300 millones de euros y de estas, 4.500 millones de euros, irán destinados a redes eléctricas, plataforma clave para responder a las necesidades futuras del sistema eléctrico.